El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció que decretará emergencia económica en una zona limítrofe con Venezuela para atender de forma más ágil la crisis que se presenta desde el cierre de la frontera ordenado por Nicolás Maduro.
La medida fue anunciada por el jefe de Estado durante un consejo extraordinario de ministros celebrado en Cúcuta, capital del departamento limítrofe de Norte de Santander, al que asistieron embajadores de 17 países acreditados en Bogotá.
Al amparo de la emergencia económica se facilitará, entre otros aspectos, transportar el carbón que se produce en Sardinata, Salazar, Cúcuta y Zulia, todos municipios de Norte de Santander, y que está represado por el cierre fronterizo.
Según la ministra de Transporte de Colombia, Natalia Abello, hay más de 200.000 toneladas de carbón destinadas al puerto venezolano de Maracaibo represadas en la frontera, por lo que aseguró que se requiere tomar varias medidas para acelerar la salida de este mineral.
La emergencia económica también permite simplificar los procesos de contratación e inversiones en situaciones especiales como las causadas por el cierre de la frontera.
El presidente Maduro ordenó el cierre de parte de su frontera con Colombia el 19 de agosto pasado después de que supuestos contrabandistas atacaran una patrulla militar venezolana.
Dos días después decretó estado de excepción en seis municipios del fronterizo estado Táchira y luego lo extendió a otras cuatro jurisdicciones de la misma entidad con el argumento de combatir el contrabando y a supuestos paramilitares.
Por su parte, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, anunció en Cúcuta varias medidas para apoyar a los empresarios de la región afectados por la crisis.
Entre las iniciativas destacan la apertura de una línea especial de apoyo a las empresas de Norte de Santander por un valor de 80.000 millones de pesos (unos 25,5 millones de dólares) para capital de trabajo y modernización de maquinaria.
También anunció dos convocatorias por medio de Innpulsa MiPyme, un fondo de modernización e innovación para las micro, pequeñas y medianas empresas, por 5.000 millones de pesos (unos 1,6 millones de dólares) dirigidos a apoyar el desarrollo productivo de la población víctima del desplazamiento forzado.
Según las autoridades, más de mil quinientos colombianos han sido deportados de Venezuela desde que comenzó la crisis y otros 10.000 han abandonado ese país por miedo a correr la misma suerte. La frontera entre ambos países abarca 2.219 kilómetros, de los cuales unos 160 están cerrados actualmente.