MercoPress. South Atlantic News Agency
Fiscalía abre investigación penal contra Lula da Silva por tráfico de influencias
Se investigan viajes realizados por Lula a Panamá, Venezuela, Dominicana y Ghana, financiados por Odebrecht que buscaba contratos en esos países 
Las indagaciones preliminares se iniciaron el pasado abril y luego que Lula presentara sus descargos, la Fiscalía abrió un “proceso de investigación penal”. 
El poderoso BNDES negó la interferencia de Lula en los procesos del banco de fomento, que “siguen todos los criterios impersonales de análisis comunes” 
Lula presidente zafó en 2005 del escándalo del pago de sobornos a legisladores, si bien sus asesores más próximos fueron condenados entre ellos Dirceu, 'el Jefe' El Ministerio Público Federal de Brasil abrió una investigación penal contra el ex-presidente Lula da Silva para averiguar si incurrió en un delito de tráfico de influencias para favorecer a a la constructora Odebrecth, informó el jueves la Fiscalía.
Según las investigaciones abiertas oficialmente el pasado 8 de julio, hay indicios de que Lula da Silva, luego de dejar la presidencia en 2011, influyó en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, (BNDES) para que financiase proyectos de la constructora en otros países latinoamericanos y africanos, principalmente en Cuba y la República Dominicana entre 2011 y 2014.
La Fiscalía investiga varios viajes realizados por el ex presidente a países como Panamá, Venezuela, República Dominicana y Ghana que fueron costeados por Odebrecht, empresa que ha admitido haber pagado algunos de esos viajes, aunque ha negado que Lula da Silva trabajase como su consultor.
En los años después de concluir su segundo mandato, Lula da Silva desarrolló una intensa actividad de conferenciante tanto en Brasil como en el extranjero y, según Odebrecht, ese era el fin de los viajes que pagó al ex-sindicalista que presidió Brasil entre 2003 y 2010.
Las indagaciones preliminares sobre el caso de tráfico de influencias se iniciaron el pasado abril y, después de que Lula da Silva presentase sus alegaciones, la oficina del Ministerio Público Federal en Brasilia decidió abrir un “proceso de investigación penal”.
El Instituto Lula da Silva afirmó este jueves haber recibido “con sorpresa” la noticia de la apertura de la investigación y manifestó que “tendrá oportunidad de comprobar la legalidad y la decencia” de todas sus actividades. El organismo ya ha entregado documentos y otras informaciones solicitadas por la fiscal Mirella de Carvalho Aguiar durante la fase de indagaciones preliminares.
En un comunicado, el BNDES también negó la interferencia de Lula da Silva en los procesos del banco de fomento, que “siguen todos los criterios impersonales de análisis comunes al banco”.
La investigación podría desembocar en un juicio a Lula da Silva, que se celebraría en el ámbito de la justicia federal ordinaria puesto que el ex-presidente, al no ocupar ningún cargo político, no está aforado. No obstante, la Fiscalía podría archivar la causa en cualquier momento si considera que no tiene suficientes indicios para elevarla a un tribunal.
El fiscal Valtan Furtado, uno de los responsables por la investigación, ha solicitado tener acceso a las pruebas del caso de corrupción que tiene en su eje en Petrobras y por el que están siendo investigadas las mayores constructoras de Brasil, entre ellas Odebrecht, Andrade Gutiérrez, OAS y Camargo Correa.
Un documento relativo al caso, ventilado por la prensa el mes pasado, expone una serie de mensajes de un director de OAS en los que se hablaba de contratar a Lula para defender los intereses de la empresa en una conferencia en Santiago de Chile celebrada en 2013.
Empero Lula da Silva no está siendo investigado en el caso Petrobras, aunque ya han sido detenidos algunos dirigentes políticos cercanos, entre ellos Joao Vaccari, el ex-tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula.
El popular ex-mandatario salió airoso del escándalo de pago de sobornos a parlamentarios y financiación ilegal de campañas destapado en 2005, durante su primer mandato, y por el que fueron condenados 25 políticos y empresarios, la mayoría de ellos muy cercanos a Lula da Silva. Entre ellos se cuenta Jose Dirceu, quien en el momento de los hechos era ministro de la Presidencia y trabajaba codo con codo con Lula, además de los que eran entonces presidente y tesorero del PT, Jose Genoino y Delubio Soares.
El Tribunal Supremo consideró que Dirceu fue el “jefe” de la organización criminal y descartó enjuiciar a Lula da Silva por falta de pruebas.
