El gobierno argentino oficializó la nueva doctrina de los servicios de Inteligencia, reformados a raíz del “caso Nisman”, que da mayor poder de conducción al Ejecutivo y capacidad para actuar sobre terrorismo, delitos cibernéticos o delitos económicos, como golpes contra los mercados.
La nueva normativa y organigrama, publicadas en el Boletín Oficial, define el funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia argentina (AFI), el organismo que sustituye desde marzo a la polémica Secretaría de Inteligencia (SI).
La AFI tendrá una conducción institucional definida desde el Ejecutivo y sus principales focos de actuación serán las amenazas de terrorismo, los atentados contra el orden constitucional, los delitos informáticos y la criminalidad organizada, incluyendo delitos económicos y financieros.
Además, algunas competencias, como las escuchas telefónicas, pasan a manos del Ministerio Público Fiscal.
Con la oficialización de la nueva doctrina y organigrama se “salda una deuda de la democracia argentina de más de 30 años”, afirmó el secretario de la AFI, Oscar Parrilli ante la prensa
Parrilli destacó que a partir de ahora las operaciones de inteligencia se van a realizar de acuerdo a la conducción institucional, “en función de las necesidades del Estado”, y no va a haber acciones impulsadas de forma autónoma por cada agente de inteligencia.
La presidenta argentina Cristina Fernández anunció el pasado enero la reforma de los servicios de Inteligencia tras el escándalo por la muerte, aún por resolver, del fiscal Alberto Nisman, encargado de la investigación sobre el atentado contra la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.
Según afirmaciones del Ejecutivo, Nisman colaboraba estrechamente con el poderoso exjefe de Operaciones de Inteligencia Antonio Stiuso en la investigación del atentado y llegó a denunciar a Cristina Fernández por presunto encubrimiento a los sospechosos iraníes de planificar el ataque, cuatro días antes de morir de un tiro en la sien en su domicilio.
Stiuso, que había sido desplazado de su puesto a finales de año por el Gobierno y está actualmente jubilado, se encuentra en paradero desconocido pese a ser requerido por denuncias judiciales interpuestas desde el oficialismo.
“Con esta nueva norma dejamos atrás la vieja SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) de la dictadura militar y del ingeniero Stiuso, que tantas críticas e inconvenientes generó a la democracia argentina”, defendió Parrilli.