El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Jorge Rivera, reveló este miércoles que desde el lunes pende una orden de captura contra 16 personas, entre ellas la vicepresidenta del Parlamento hondureño Lena Gutiérrez. Todas estas personas estarían implicadas en un presunto fraude contra la salud pública.
Rivera, quien será el juez que conocerá el caso de Gutiérrez y de otros tres familiares suyos, indicó a periodistas en San Pedro Sula, en el norte de Honduras, que aunque los acusados han dicho que se presentarán ante los tribunales, se ha dictado orden de captura porque hay antecedentes de acusados que después no acuden y huyen del país.
Uno de esos casos es el del ex-ministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza, acusado por presuntos actos de corrupción durante el gobierno que presidió Manuel Zelaya (2006-2009), quien fue derrocado el 28 de junio de 2009. Flores Lanza huyó a Nicaragua hace tres semanas, después de que había dicho que respondería ante los tribunales.
Rivera explicó que si los acusados en el supuesto fraude a la salud pública se presentan a declarar, no se les va a capturar porque están cumpliendo con su deber de responder ante los tribunales de justicia para responder por los presuntos delitos que les imputan.
La vicepresidenta del Parlamento, su padre Marco Tulio Gutiérrez y otros dos hijos de este, están acusados por supuestos delitos contra la salud pública, fraude y falsificación de documentos públicos, junto con otras doce personas, entre las que figuran funcionarios del sector salud.
En el caso de la familia Gutiérrez, se les asocia con una droguería que habría vendido medicamentos de mala calidad al Estado, lo que ha sido rechazado por la vicepresidenta del poder legislativo, quien es diputada por el gobernante Partido Nacional.
La diputada dijo la semana pasada que desde 2009 -cuando vendió sus acciones- se desligó de la droguería implicada en el escándalo, que su familia no ha cometido delito y que todos se presentarán a los tribunales para demostrarlo.
Las autoridades hondureñas investigan otros sonados casos de corrupción registrados en los últimos ocho años que salpican a políticos, funcionarios de los últimos tres gobiernos, empresarios y periodistas, entre otros.
El caso más sonado es un millonario fraude al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), lo que ha provocado un repudio generalizado y la exigencia de varios sectores del cese a la corrupción y la impunidad, y la renuncia de los presidentes de los tres poderes del Estado y del fiscal general.