El fiscal Gerardo Pollicita apeló este miércoles la decisión del juez Daniel Rafecas de desestimar la denuncia por presunto encubrimiento de terroristas presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta argentina.
En su requerimiento, el Pollicita considera que la resolución de Rafecas “descarta en forma anticipada y prematura las hipótesis traídas a conocimiento a través de la denuncia del Dr. Alberto Nisman”.
“La decisión de proceder al cierre inmediato del sumario, sin realizar ninguna de las medidas que habían sido propuestas en el requerimiento de instrucción, impide contar con información esencial”, apunta Pollicita, quien tras solicitar la imputación de la presidenta había pedido al juez que se realizara medio centenar de pruebas.
Tras la muerte de Nisman, Pollicita asumió la denuncia contra la presidenta y solicitó su imputación, el 13 de febrero, pero la causa quedó desestimada el pasado día 26, cuando Rafecas rechazó abrir una investigación penal por considerar que no había evidencias mínimas para sostener las acusaciones realizadas por Nisman.
En la presentación realizada, Pollicita explica que “consideró relevante abordar, dada la repercusión pública que cobró el suceso” las circunstancias expuestas por Nisman ya que “podrían configurar en el peor de lo casos meros actos preparatorios no punibles de aquel malogrado delito de encubrimiento”.
Para el fiscal, el dictamen de Rafecas “contiene afirmaciones categóricas claramente opuestas a las posiciones igual de extremas defendidas por el Dr. Nisman en su denuncia, lo cual persuade acerca de que resulta prudente y razonable abrir la investigación propuesta por esta Fiscalía”.
“Ante el interrogante de por qué la resolución debe ser revocada, la respuesta está en que una hipótesis criminal de inusitada gravedad y trascendencia institucional, como la presentada por el Dr. Nisman, demanda la realización de todos los esfuerzos posibles para intentar alcanzar la verdad real de lo sucedido”, detalla Pollicita.
Nisman, fiscal especial del caso AMIA, murió el 18 de enero, en circunstancias aún sin aclarar, cuatro días después de denunciar a Cristina Fernández, al canciller, Héctor Timerman, y varios de sus colaboradores, por presunto encubrimiento a los sospechosos iraníes del atentado contra la entidad judía, que dejó 85 muertos y 300 heridos en julio de 1994.