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Argentina aprueba nueva ley de hidrocarburos para atraer inversores

Para fomentar la inversión, la propuesta incluye cambios que limitan el poder de las provincias petroleras de Argentina

La mayoría oficialista de la Cámara de Diputados argentina logró que se aprobase la nueva Ley de Hidrocarburos, que ya contaba con la media sanción del Senado, pese a las críticas de la oposición. El proyecto impulsado por el Gobierno de Cristina Fernández sumó 130 votos a favor, 116 en contra y una abstención, tras un debate de más de catorce de horas.

 Según el Ejecutivo, la nueva ley, que sustituye a otra de 1967, busca favorecer la inversión en exploración y explotación, algo que Argentina necesita con urgencia para paliar sus problemas de abastecimiento y de manera intensiva, ya que el desarrollo de la gran formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta requerirá de cuantiosos fondos.

El proyecto comenzó a debatirse informalmente en mayo pasado, con el impulso de la petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, pero la iniciativa no fue remitida al Congreso hasta el pasado septiembre, tras un periodo de duras negociaciones con los gobernadores de las diez provincias petroleras de Argentina.

En el debate, el presidente de la comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el oficialista Mario Metaza, aseguró que la iniciativa “establece pautas de desarrollo que fomenten la inversión para la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales, no convencionales y costa afuera”.

Para fomentar la inversión, la propuesta incluye cambios que limitan el poder de las provincias petroleras de Argentina, que, según la Constitución del país, son las dueñas de los hidrocarburos cuya exploración y explotación se otorga en concesión.

Representantes de la oposición cuestionaron el texto por considerar que está hecho a la medida de YPF y que perjudica los intereses de las provincias y del país.

“La nueva ley es exclusivamente para beneficio de YPF”, sostuvo el diputado peronista disidente del Frente Renovador Alberto Roberti.

Para Roberti la norma es un “maquillaje y traje a medida para disfrazar” las carencias del planteamiento energético del Gobierno que además “invade la potestad jurisdiccional de las provincias”.

“Con esta ley estamos dejando pasar la oportunidad de poder concertar una política de Estado en materia energética que permita recuperar el autoabastecimiento perdido en esta década”, afirmó el diputado socialista Hermes Binner, para quien la norma “debería ser objeto de consenso de todos los sectores políticos”.

El proyecto establece que el concesionario de explotación pagará mensualmente a la provincia del área en concesión un 12% en concepto de regalía. Por cada prórroga otorgada, las provincias podrán incrementar en un 3% la regalía, pero con un tope del 18%.

El proyecto unifica los distintos modelos de pliegos de licitación de áreas petroleras que aplican las provincias.

Además, pone límites al denominado sistema de “acarreo”, por el que hasta ahora las provincias participan de los proyectos aportando solo su título de propiedad sobre los recursos, mientras que los privados corren con todo el aporte de capital y la operación de los proyectos.

Con la nueva ley, las empresas petroleras de los estados provinciales solo podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos en proporción a sus aportes de inversión.

Por otra parte, el proyecto fija nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos costas afuera.

Las provincias podrán otorgar prórrogas cada 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones pautadas. Con la actual ley vigente, rige un plazo de concesión de 25 años, con una única prórroga por 10 años.