A menos de dos semanas del cambio de mando del 11 de marzo, el Gobierno saliente de Gabriel Boric enfrenta una crisis diplomática con Estados Unidos por un proyecto de cable submarino de fibra óptica impulsado por China Mobile para conectar la costa chilena —en la región de Valparaíso— con Hong Kong, un expediente que ahora quedará en manos del presidente electo José Antonio Kast.
El conflicto escaló el 20 de febrero, cuando el Departamento de Estado anunció restricciones de visado contra tres altos funcionarios chilenos vinculados al trámite del proyecto: el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y el jefe de gabinete de Subtel, Guillermo Petersen. Washington sostuvo que los sancionados “a sabiendas” participaron en acciones que “comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones” y “socavaron la seguridad regional” del hemisferio.
La Cancillería chilena respondió con una nota de protesta. El canciller Alberto van Klaveren calificó la imputación como “absolutamente falsa” y denunció una medida “unilateral” que, según dijo, afecta la soberanía del país.
Con el paso de los días, el foco se desplazó a la tramitación administrativa. Medios chilenos informaron que el ministerio habría firmado el 27 de enero un decreto de concesión para que China Mobile instalara, operara y explotara el cable, y que ese acto fue anulado 48 horas después, con el argumento de errores técnicos. El Ejecutivo insistió en que el proyecto seguía “en evaluación” y que no había una aprobación formal mientras el decreto no fuera tomado razón por la Contraloría.
El embajador de Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd, defendió públicamente las restricciones y afirmó que había advertido con antelación a autoridades chilenas, incluyendo referencias a intrusiones en sistemas de telecomunicaciones atribuidas a “actores malignos extranjeros”, sin dar detalles. En paralelo, la embajada china acusó a Washington de despreciar la soberanía de Chile y de actuar con un enfoque “hegemónico”.
El equipo de Kast, que asumirá en La Moneda el 11 de marzo, reclamó falta de información durante el traspaso. El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que el manejo del caso dejó al país “bajo un fuego cruzado” entre dos socios clave. Boric, por su parte, afirmó que instruyó recabar antecedentes para una decisión “fundada” que excede los plazos de su mandato.
Boric y Kast tienen prevista una reunión privada el 3 de marzo para abordar la controversia, días antes de que el presidente electo viaje a Estados Unidos para un encuentro político en Miami, según la agenda conocida públicamente.