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Bolivia: voto obligatorio y más de seis millones habilitados para el domingo
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó a 6.245.959 bolivianos, incluidos 272.058 residentes en 33 países extranjeros, para votar en las elecciones 
Analistas y la iglesia católica llamaron la atención sobre la desigualdad en la disposición de dinero para hacer campaña y el uso de recursos del Estado La obligación de votar so pena de sufrir una suerte de “muerte civil” y la formación de un nuevo mapa electoral tras el censo de 2012 son los principales rasgos de los comicios de este domingo en Bolivia, en los que más de 6 millones de bolivianos elegirán presidente entre cinco candidaturas.
La ley del Régimen Electoral promulgada en 2010, un año después de la “refundación” del país con una nueva Constitución, recogió un viejo precepto que se cumple en Bolivia desde hace décadas: la obligatoriedad del voto a partir de los 18 años de edad.
Al votar, la persona recibe un certificado de sufragio que deberá presentar para realizar cualquier trámite en instituciones públicas y en la banca en los 90 días posteriores a los comicios.
Quienes no voten, tienen 30 días para justificar su ausencia en las urnas y obtener un “certificado de exención”, o pagar una multa equivalente a unos 57,4 dólares.
El voto no es obligatorio para los mayores de 70 años ni para quienes estén fuera del país el día de la elección.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó a 6.245.959 bolivianos, incluidos 272.058 residentes en 33 países extranjeros, para votar en las elecciones, en las que también se estrenará un mapa electoral que fue motivo de conflicto a medio año.
En las regiones de Potosí, Beni y Chuquisaca, hubo protestas porque cada una perdió un legislador en la nueva distribución de escaños en el Parlamento efectuada por el órgano electoral en función de los resultados del censo general de población de 2012.
Los tres escaños fueron otorgados a la próspera Santa Cruz.
También hubo cambios de circunscripción de algunos territorios, lo que provocó protestas de campesinos al considerar que afectaban sus lazos culturales y políticos arraigados en las comunidades.
Superados estos conflictos, Bolivia se sumergió en la campaña electoral desde julio, mes señalado en el calendario para el inicio de los actos proselitistas, si bien la difusión de propaganda en medios comenzó en septiembre.
Los cinco aspirantes a la Presidencia son el actual gobernante, Evo Morales, que busca la reelección para un tercer mandato hasta 2020; el empresario Samuel Doria Medina, el ex-presidente Jorge Quiroga (2001-2002), el ex-alcalde Juan del Granado y el líder indígena Fernando Vargas.
Pese a las restricciones establecidas, varios candidatos se arriesgaron a hacer proselitismo antes de los plazos establecidos.
La campaña, que debe terminar tres días antes de las elecciones, quedó oscurecida por amenazas de azotar a quienes no voten por Evo Morales en zonas rurales, denuncias de una supuesta parcialidad del órgano electoral con el oficialismo y el uso de un tema tan sensible como la violencia machista para hacer proselitismo.
Asimismo, analistas y la iglesia católica llamaron la atención sobre la desigualdad en la disposición de dinero para hacer campaña y un evidente uso de recursos del Estado por parte del oficialismo, algo que el Gobierno calificó de “guerra sucia”.
En la recta final de la campaña, Morales aparece como el candidato favorito con un respaldo de entre 57 y 59 % en las últimas encuestas difundidas, con una ventaja de más de 40 puntos porcentuales sobre Doria Medina, su rival mejor ubicado, quien obtendría entre un 13 y 18 %.
Si esto se ratifica, Morales resultaría reelegido sin necesidad de una segunda vuelta, pues la Constitución boliviana señala que ganará la Presidencia quien logre más del 50 % de los votos o el 40 % con una diferencia de al menos 10 % sobre su inmediato perseguidor.
Otra característica de las elecciones bolivianas es que desde 48 horas antes y hasta las doce horas del día siguiente a la votación están prohibidos la venta y el consumo de bebidas alcohólicas.
Durante la jornada electoral están prohibidos los viajes por cualquier medio de transporte dentro del territorio nacional, excepto los que realicen los funcionarios del TSE o las fuerzas de seguridad en cumplimiento de sus funciones.
Unos 37.000 policías y 20.000 militares contribuirán a la seguridad y el desarrollo de la jornada electoral.
Otra novedad de estos comicios es que, además de votar para renovar el Congreso, será la primera vez que los bolivianos elijan en las urnas a los legisladores para organismos supraestatales como el Parlamento Andino.
