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Indios de Amazonas acusan a Dilma de 'engañarlos' al hacer llamado para nueva represa
Los indios acusaron al gobierno de “incumplir sus palabras” y de “no actuar de buena fe”, a la vez que exigieron que se cancele la convocatoria de la licitación 
La represa será construida en el río Tapajós, en el estado amazónico de Pará y , tendrá una potencia instalada de 8.040 megavatios Los indios mundurukus acusaron al gobierno brasileño de “engañarles” y de incumplir un acuerdo para consultar a esta tribu antes de ordenar la construcción de una nueva central hidroeléctrica en la selva amazónica.
El pueblo munduruku dijo estar “indignado” por la decisión del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff de convocar para el próximo 15 de diciembre la licitación de la central São Luiz do Tapajós, según un comunicado divulgado por el Consejo Indigenista Misionario (Cimi), organización ligada a la Iglesia católica.
Hace dos semanas, representantes del gobierno se reunieron con los mundurukus para tratar su derecho a ser consultados, que está recogido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), puesto que la obra afectaría a sus tierras.
Los indios acusaron al gobierno de “incumplir sus palabras” y de “no actuar de buena fe”, a la vez que exigieron que se cancele la convocatoria de la licitación hasta que ellos tomen una decisión al respecto.
La represa será construida en el río Tapajós, en el estado amazónico de Pará (norte), tendrá una potencia instalada de 8.040 megavatios y comenzará a operar previsiblemente en 2019, según informó el Ministerio de Minas y Energía.
La construcción de otra gran central hidroeléctrica en la Amazonía, conocida como Belo Monte, cuyas obras comenzaron en 2010, ha causado numerosas protestas de los indios y campesinos que viven en la región.
En ese caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA solicitó en 2011 la suspensión de las obras por las deficiencias en las consultas previas a los indios, pero el Gobierno brasileño se negó a acatar esa decisión. En represalia el gobierno brasileño congeló su aporte a la CIDH.
