Mientras el gobierno de la presidente Dilma Rousseff intenta financiar proyectos de autopistas, caminos, puertos y vías férreas por más de 100.000 millones de dólares, hay dudas sobre la confiabilidad de las normas a seguir en Brasil. Los planes, anunciados en 2011, buscan apuntalar una economía que ha crecido poco en los últimos tres años.
Uno de los primeros éxitos del plan fue la concesión a empresas de Brasil y extranjeras para operar los cinco mayores aeropuertos del país, por casi 20.000 millones. Los ganadores se comprometieron con más de 10.000 millones de dólares en inversión inicial.
Sin embargo, ahora las concesionarias podrían tener que enfrentar una competencia no prevista debido a cambios propuestos para la norma, que han provocado rumores de posibles batallas judiciales y revisiones de contratos.
El Gobierno de Rousseff pretende derogar las regulaciones que impiden que la mayoría de los aeropuertos operados por el sector privado reciban vuelos de pasajeros comerciales, según dijo este mes el secretario de Aviación Civil, Wellington Moreira Franco.
El cambio le permitiría a las empresas construir nuevos aeropuertos comerciales desde cero. Con el tiempo, esto podría aliviar la congestión actual de los terminales brasileños.
Pero esta decisión trae también un desafío inesperado e indeseado para empresas brasileñas y extranjeras que acordaron pagos de casi 20.000 millones de dólares por las concesiones de los aeropuertos en Sao Paulo, Belo Horizonte, Brasilia y Río de Janeiro.
El Gobierno nunca garantizó a los concesionarios que no tendrían que competir con nuevos rivales, según los contratos y un funcionario cercano a las negociaciones con los postores.
Las compañías trazaron sus proyecciones de rentabilidad y tráfico de pasajeros en base a la legislación que imperaba en ese momento, sin pensar que pudiera modificarse.
“Esto es preocupante para los inversores y podría terminar en batallas judiciales”, dijo Francisco Lyra, consultor de CFly Aviation y ex jefe de la asociación general de aviación del país.
El sector privado ha criticado duramente a Rousseff por realizar cambios abruptos a las leyes y regulaciones de toda la economía.
La principal economía de América Latina enfrenta bajos niveles de inversión que bordean el 19% del Producto Interno Bruto -menos de la mitad de los de China-, lo que contribuyó a un crecimiento económico que fue de apenas un 2% el año pasado.
Funcionarios brasileños han dicho que cambios como los que se persiguen para la legislación de los aeropuertos buscan mejorar las condiciones para los consumidores, y que los contratos se respetarán rigurosamente.
Pero las modificaciones podrían demorar o aun reducir la inversión en los aeropuertos existentes y llevar a las empresas a exigir revisiones de concesiones que tienen apenas un año. (RMF Newsletter).-