Mientras el gobierno de la presidente Dilma Rousseff intenta financiar proyectos de autopistas, caminos, puertos y vías férreas por más de 100.000 millones de dólares, hay dudas sobre la confiabilidad de las normas a seguir en Brasil. Los planes, anunciados en 2011, buscan apuntalar una economía que ha crecido poco en los últimos tres años.