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Uruguay: unos 5.000 abortos “despenalizados” en el primer año de la ley, según estimación oficial
Según Briozzo los números suponen unos 10 abortos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva Unos 5.000 abortos se han realizado en Uruguay en el año transcurrido desde su despenalización, pero aún hay “dificultades” para la interrupción del embarazo, según se anunció al cumplirse un año desde la entrada en vigor de la nueva ley. Dicha ley no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.
El Gobierno anunció que recién en los primeros meses de 2014 se podrá tener una “cifra oficial” sobre el número de abortos realizados en instituciones médicas en el primer año de aplicación de la ley. Sin embargo, el viceministro de Salud Pública, Leonel Briozzo, estimó que “se mantiene la tendencia” del primer semestre de la nueva legislación.
El pasado julio, Briozzo informó que se registraron 2.550 abortos en los primeros seis meses desde la despenalización con una media de 456 mensuales y que no se reportó en ese tiempo ninguna muerte materna por interrupciones del embarazo practicadas en situaciones de riesgo.
Destacó, además, que estos datos suponen unos 10 abortos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, lo que contrasta con los más de 40 por cada 1.000 que se estima se produjeron en el país entre los años 1995 y 2002, cuando el aborto era ilegal y no existían políticas educativas sobre sexualidad.
La directora de MYSU (Mujer y Salud en Uruguay), Lilián Abracinskas, destacó que los abortos en Uruguay eran unos 16.000 anuales en 1978 y hubo una “explosión” hasta los 33.000 en 2003 “en plena crisis económica”.
Si las autoridades estiman que en la actualidad son unos 5.000 los abortos anuales en el país “hay un desfasaje importante con las cifras históricas y habrá que estudiar los motivos”, señaló.
La organización advirtió también sobre un “número importante” de abortos que “por diferentes razones” se “siguen realizando en el circuito clandestino”.
Con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se materializaron “progresos” en la defensa de los derechos de la mujer pero al mismo tiempo se “mantienen dificultades” para “poder concretar” los abortos, agregó.
Con la nueva legislación, todas las mujeres uruguayas y las extranjeras que acrediten un año de residencia en el país pueden solicitar que se les practique un aborto en cualquier centro público o privado, los cuales están obligados a realizar la intervención o a garantizar que se haga por terceros en casos de objeción de conciencia.
La solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo se hace hasta las 12 semanas de gestación, período que se amplía a 14 semanas en caso de violación y sin restricciones para el caso de malformaciones del feto o riesgo de vida para la madre.
Previamente, las pacientes deben pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social que las asesoran incluso sobre la posibilidad de culminar su embarazo y dar al niño en adopción.
Posteriormente, tienen cinco días para la reflexión y luego de ratificar su voluntad se les practica el aborto que es farmacológico y siguiendo los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) .
Abracinskas destacó que “sigue habiendo mucha desinformación” entre las uruguayas sobre sus derechos y reclamó a las autoridades sanitarias “una campaña amplia y clara” para que los conozcan.
Además, el pasaje de las mujeres que desean interrumpir su embarazo por los consultorios de los integrantes de esa comisión “es un verdadero cuello de botella” por la falta de horas disponibles. En ciudades o pueblos pequeños del medio rural “no se pueden atender y deben viajar a capitales departamentales o a Montevideo, lo que incrementa las trabas” para la interrupción del embarazo, destacó.
