El Gobierno uruguayo realizó esta semana el pago de 8,4 millones de dólares al astillero español Cardama como primera cuota para la construcción de dos nuevos patrulleros oceánicos (OPV) acordada en julio del año pasado. Desde entonces, el proceso ha sido cuestionado e incluso un almirante de la Armada uruguaya se retiró del servicio activo en medio de la polémica.