Las voces disidentes se conocen en un momento de máxima tensión Casi un centenar de intelectuales, juristas, historiadores y políticos argentinos han firmado una declaración en la que rechazan que la disputa por las Falklands/Malvinas se haya convertido en una “causa nacional” que “no admite disensos”, y critican al Gobierno de Javier Milei por actuar con “oportunismo flagrante” en plena escalada con el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion.
La declaración, titulada “Malvinas y la disidencia” y publicada a comienzos de octubre en el diario Perfil, lleva las firmas, entre otros, del jurista Roberto Gargarella, el constitucionalista Daniel Sabsay, el exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, la exministra Graciela Fernández Meijide, el economista Pablo Gerchunoff, el escritor Santiago Kovadloff y los historiadores Luis Alberto Romero, Hilda Sabato y Federico Lorenz.
Los firmantes no niegan la disputa. Aceptan “la existencia de este diferendo internacional”, con sus dimensiones “diplomáticas y jurídicas”, y reconocen que entre ellos hay posiciones distintas, por ejemplo sobre si los habitantes de las islas deben participar en eventuales negociaciones. Pero alertan de que la cuestión “hace mucho que ha dejado de ser básicamente un diferendo para pasar a convertirse en una pretendida causa nacional”, que “no admite disensos relevantes” y considera “mal argentino” a quien se aparta de ella. “La causa nacional es, en suma, un abuso de autoridad estatal, política, social, cultural”, sostienen. Critican en particular el artículo 111 del proyecto de ley de defensa de la soberanía, que a su juicio establecía “una tipificación penal difusa y la penalización del disenso”; el Gobierno admitió a mediados de octubre que debía retirarlo. “En Malvinas, es todo lo que pedimos: que el unanimismo deje de hablar en nuestro nombre”, concluyen.
Uno de los firmantes, Alejandro Cowes, que se presenta como abogado, fue más lejos en un texto publicado el sábado en inglés y en español en un grupo público de Facebook dedicado a las islas. Cowes acusa al Gobierno de recurrir a la “causa nacional sagrada” como “herramienta de coerción interna y de consumo político” y retoma la tesis del politólogo argentino Carlos Escudé sobre la “mentira maligna”: la idea de que una política firme aumentará los costos del Reino Unido, cuando para lograrlo Argentina debería multiplicar los suyos frente a una potencia con muchos más recursos. Critica las sanciones a empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos y la compra de cazas F-16, y concluye que las islas son británicas y que sus habitantes tienen “el derecho inalienable a la autodeterminación”, una posición que no recoge la declaración colectiva.
Las voces disidentes se conocen en un momento de máxima tensión. La ley de defensa de la soberanía obtuvo dictamen el 27 de octubre, tras acotar las sanciones en respuesta a objeciones de Estados Unidos, y el oficialismo prevé debatirla en la Cámara de Diputados el 12 de noviembre. Dos días antes, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebrará en Hamburgo la audiencia sobre la solicitud argentina para frenar Sea Lion. Milei ha reiterado que “las Malvinas son argentinas”, aunque ha descartado “soluciones bélicas”.
La reivindicación de la soberanía sobre las islas figura en una disposición transitoria de la Constitución argentina y cuenta con un amplio respaldo social, como reconoce la propia declaración.