MercoPress. South Atlantic News Agency
Milei ordena iniciar un arbitraje contra el Reino Unido por el proyecto Sea Lion
Argentina intimó al Reino Unido a adoptar en ese plazo las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos y a abstenerse de otorgar nuevos permisos El presidente argentino, Javier Milei, instruyó este lunes a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, en la cuenca norte de las Falklands/Malvinas, y dio a Londres un plazo de dos semanas para frenar la actividad antes de acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
“Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió el mandatario en la red social X.
Según el comunicado de la Oficina del Presidente, el procedimiento es el previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la que ambos países son parte. El arbitraje se abre formalmente con una notificación escrita a la otra parte que exponga las pretensiones y sus fundamentos; no consta que esa notificación se haya cursado. Argentina intimó al Reino Unido a adoptar en ese plazo las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos y a abstenerse de otorgar nuevos permisos. Si no lo hace, pedirá al tribunal con sede en Hamburgo medidas provisionales, que ese órgano puede dictar mientras se constituye el tribunal arbitral si considera que este tendría, en principio, jurisdicción.
El Gobierno fundamenta su posición en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que reconocieron la existencia de una disputa de soberanía, instaron a ambos países a negociar y les pidieron abstenerse de introducir modificaciones unilaterales. Sostiene que la explotación produce un “perjuicio irreversible e irreparable” a los derechos argentinos. Se trata de resoluciones con carácter de recomendación.
La vía elegida enfrenta un obstáculo jurídico previsible. En casos anteriores, tribunales constituidos bajo la Convención del Mar declinaron pronunciarse sobre controversias que implicaban soberanía territorial, como en el arbitraje entre Mauricio y el Reino Unido por las islas Chagos, en 2015, y en la disputa entre Ucrania y Rusia por Crimea, en 2020.
El comunicado incluye además un “rechazo categórico” a la declaración escrita que el Reino Unido incorporó al acta de la Asamblea General tras el discurso de Milei, y sostiene que la figura de territorio británico de ultramar y el referéndum de 2013 carecen de validez legal. Londres sostiene que no tiene dudas sobre su soberanía, que el derecho argentino no se aplica en el archipiélago y que la actividad hidrocarburífera se rige por la legislación local conforme a la misma Convención. No hubo respuesta británica específica al anuncio. Las empresas del proyecto, la israelí Navitas y la británica Rockhopper, han dicho que no prevén cambios en su cronograma, que fija la primera producción para el primer semestre de 2028.
El Gobierno informó además que detectó operaciones de Thales UK Limited entre el archipiélago y Punta Arenas, en Chile, con una aeronave de matrícula británica y sin autorización argentina, y ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales. Argentina mantiene 60 procedimientos administrativos abiertos sin sanción aplicada y tres denuncias penales contra diez empresas. Ninguna imputación ha sido probada.
