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Burnham, ante la ONU: “el derecho de los territorios británicos a seguir siendo británicos”

Miércoles, 23 de setiembre de 2026 - 09:49 UTC
“Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza y desafío al Estado de derecho”, dijo “Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza y desafío al Estado de derecho”, dijo

El primer ministro británico, Andy Burnham, incluyó a las Falklands/Malvinas entre los desafíos al Estado de derecho en su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, pronunciado el martes por la noche en Nueva York, y las situó en la misma frase que Rusia.

“Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza y desafío al Estado de derecho”, dijo. “No solo de Rusia, sino también de otros, incluso cuando amenazan el derecho de los territorios británicos a seguir siendo británicos, como las Falkland Islands”. No mencionó a Argentina en ningún momento del discurso.

La formulación va más lejos que la del 9 de septiembre, cuando Burnham afirmó en la Cámara de los Comunes que su gobierno sería “implacable” en la defensa del derecho de los habitantes del archipiélago a elegir ser británicos. Horas antes del discurso, tras su primera reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, el primer ministro había dicho que planteó la cuestión: “Sentía que se lo debía a la gente, obviamente en las Falklands y también en casa, dejar la posición muy clara, y eso es lo que he hecho hoy”.

El mismo día quedó en duda el acuerdo sobre las islas Chagos, que transfiere la soberanía de ese territorio británico a Mauricio con arriendo posterior de la base de Diego García. Trump lo calificó de “terrible” y “ridículo” y afirmó que Burnham “lo va a revisar”; el primer ministro respondió “sí”. Ante la BBC evitó después confirmar si el acuerdo está muerto, señaló que lo heredó y que “necesitamos una resolución” que salvaguarde el futuro de la base. El costo del acuerdo se mide de tres formas: el Gobierno cita 3.400 millones de libras de valor presente neto, unos 101 millones anuales durante 99 años; la oposición conservadora usa el total nominal en efectivo de 34.700 millones; una tercera medición arroja unos 10.000 millones.

El grueso del discurso estuvo dedicado a lo que Burnham describió como un “asalto a escala industrial” de actores hostiles contra el entorno informativo británico. Según el primer ministro, agencias rusas emplearon bots, sitios web falsos y artículos periodísticos falsificados, suplantaron la identidad de 28 organizaciones británicas incluidas universidades y la BBC, amplificaron narrativas de extrema derecha y existen pruebas de que intentaron interferir en las elecciones generales de 2019. Cifró en unos 1.300 millones de libras anuales el gasto del Kremlin en manipulación informativa. Son afirmaciones del Gobierno británico, presentadas sin documentación pública adjunta. Anunció que encargó a los jefes de seguridad el trabajo inicial de un Centro Nacional de Defensa Informativa y ofreció compartir la experiencia británica con otros países, tras el apoyo prestado a Moldavia.

Sobre inteligencia artificial, Burnham reclamó “un conjunto único de principios y estándares globales” y anunció que pondrá el tema en el centro de la presidencia británica del G20 el año próximo, además de una asociación de defensa en IA con Estados Unidos para proteger infraestructura crítica. Trump, en su propio discurso, rechazó cualquier “esquema globalista” de regulación.

El primer ministro también respaldó a Ucrania, criticó los ataques rusos contra infraestructura energética civil y, sobre Oriente Medio, afirmó que las acciones del Gobierno israelí en Gaza y Cisjordania no se justifican, tras condenar el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Enumeró medidas adoptadas junto a su canciller, Ed Miliband: prohibición del comercio con asentamientos ilegales, reconocimiento de la ilegalidad de la ocupación y sanciones a quienes participan en la construcción de asentamientos.

Argentina reclama la soberanía del archipiélago, mantiene 60 procedimientos administrativos abiertos sin sanción aplicada y tres denuncias penales que alcanzan a diez empresas, y envió la semana pasada al Congreso un proyecto de ley de soberanía. Ninguna imputación ha sido probada. En el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.