MercoPress. South Atlantic News Agency
El ajuste fiscal pendiente domina la recta final de la elección presidencial brasileña
Según reportes de la prensa brasileña, el empresariado planteó la urgencia de un ajuste fiscal ante el aumento de la deuda pública Brasil llega a las elecciones generales del 4 de octubre con la economía en crecimiento y el desempleo en mínimos históricos, pero con un debate que domina la recta final de la campaña: el recorte del gasto público que, según coinciden analistas y empresarios, deberá afrontar quien gane, sea el presidente Luiz Inácio Lula da Silva o el senador Flávio Bolsonaro.
Los brasileños elegirán presidente, 27 gobernadores, toda la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado. Si ningún candidato supera la mitad de los votos válidos, habrá segunda vuelta el 25 de octubre. Además de Lula, que compite con Geraldo Alckmin, y de Bolsonaro, senador por Río de Janeiro por el Partido Liberal, acompañado por Alfredo Gaspar, se presentan Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Renan Santos y Romeu Zema.
Las encuestas recientes difieren entre sí y todas quedan dentro de sus márgenes de error en un eventual balotaje. Quaest, para O Globo, relevó entre el 10 y el 13 de septiembre sobre 2.004 casos con margen de dos puntos: Bolsonaro 42% y Lula 40% en segunda vuelta, y Lula 36% frente a 31% en la primera. BTG Pactual/Nexus, del 11 al 13 de septiembre, con 2.003 entrevistas y el mismo margen, dio Lula 47% y Bolsonaro 46%. AtlasIntel/Bloomberg, difundida el jueves con 5.018 casos y margen de un punto, marcó Bolsonaro 47,2% y Lula 46,8%. En 2022, Lula venció a Jair Bolsonaro por 1,8 puntos.
El detonante del debate económico fue una cena que Lula ofreció a fines de agosto en el palacio de la Alvorada a una quincena de empresarios y banqueros, entre ellos representantes de JBS, BTG Pactual, Itaú y Bradesco. Según reportes de la prensa brasileña, el empresariado planteó la urgencia de un ajuste fiscal ante el aumento de la deuda pública. Ese mismo día el Gobierno presentó su proyecto de presupuesto para 2027, con el que aspira a un superávit primario del 0,5% del PIB mediante, entre otras medidas, recortes en el funcionariado.
Las cifras varían según la fuente. El texto oficial y las estimaciones privadas sitúan la deuda pública en torno al 82% del PIB, mientras una proyección de Trading Economics para 2026 la ubica en 83,5%. La tasa Selic se mantiene elevada, con una previsión de BBVA del 13% para este año tras el 15% de 2025. El Banco Central proyecta un crecimiento del 2% para 2026; el FMI estima 2,4% para este año y 2,2% para el próximo.
Lula destaca el desempleo en 5,4% en julio, la inflación en 4,22% en agosto, el aumento del salario mínimo por encima de la inflación y la exención del impuesto a la renta para quienes ganan menos de 5.000 reales, que alcanzó a 15 millones de contribuyentes y se compensó con un tipo mínimo del 10% para unos 140.000 contribuyentes de altos ingresos. Sin embargo, Datafolha midió un 50% de desaprobación frente a un 47% de aprobación.
Dos economistas consultados coinciden en la crítica fiscal. Emerson Marçal, de la Fundación Getúlio Vargas, sostiene que el crecimiento “está perdiendo impulso” y que “desde el punto de vista fiscal, el Gobierno de Lula fue extremadamente derrochador”. Otto Nogami, del Insper, afirma que “el exceso de gasto preocupa porque es uno de los factores más importantes que lastra las inversiones”. Marçal advierte que el próximo Gobierno “tendrá que hacer un ajuste fiscal fuerte”. Ambos candidatos lo prometen, pero ninguno ha detallado cómo lo financiará, y hasta ahora no ha habido debates televisados entre ellos.
El endeudamiento familiar alcanza niveles inéditos: el 82% de los hogares debe dinero y un tercio ha dejado de pagar alguna factura. El jueves, Lula anunció un aumento del 15% en la Bolsa Familia desde octubre, que llevará el beneficio de unos 620 a unos 715 reales mensuales para veinte millones de familias; el equipo económico asegura que se financiará con recortes en otras partidas.
En política exterior, Lula reivindica el acuerdo Unión Europea-Mercosur, aunque sus beneficios quedaron ensombrecidos por el veto de Bruselas a importaciones de carne brasileña. Washington aplicó una segunda tanda de aranceles, con tantas excepciones que su impacto es limitado; la tensión arrancó en 2025, en represalia por el juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro.
