La objeción coincide con cuestionamientos a los primeros nombramientos del Ejecutivo
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, objetó esta semana el primer proyecto de ley que le llega para sanción desde que asumió el 7 de agosto: una iniciativa que prohibía reducir los requisitos mínimos de formación y experiencia para acceder a cargos directivos en el sector público y en empresas con participación estatal.
El texto, identificado como proyecto 056 de 2024 en la Cámara de Representantes, fue impulsado por el hoy senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, un partido de la coalición que respalda al Gobierno, y había sido aprobado por ambas cámaras. El Ejecutivo lo devolvió al Congreso por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia y solicitó su archivo o su revisión.
El secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, sostuvo que la iniciativa “irrumpe facultades exclusivas del Gobierno nacional, como la de prohibirle al Gobierno la facultad de organizar los empleos públicos”. Argumentó además que el Decreto Ley 770 de 2005 ya establece pisos mínimos obligatorios para esos cargos, por lo que la nueva norma resultaría redundante, y que exigir tres etapas previas a cada designación —estudios de la entidad, del Departamento Administrativo de la Función Pública y concepto vinculante del Consejo de Estado— “paralizará la conformación de los cuadros directivos, demorando meses la ejecución de proyectos prioritarios para el país”.
La decisión generó objeciones dentro del propio campo oficialista. Cadavid la calificó de “desconcertante” y defendió que el proyecto buscaba evitar que los gobiernos disminuyeran arbitrariamente los requisitos. El exfuncionario Rafael Nieto Loaiza señaló la contradicción con el “Banco Nacional de Talentos” anunciado por el Gobierno para que el acceso al Estado dependa de las capacidades, y recordó que el actual oficialismo había criticado a la administración anterior por modificar manuales de funciones con el mismo efecto.
La objeción coincide con cuestionamientos a los primeros nombramientos del Ejecutivo. Entre ellos figuran la designación de la primera esposa del presidente, la abogada Yoly Beatriz Illidge, como superintendente delegada de Notariado y Registro; la de un matrimonio al frente de la Unidad de Víctimas y de la administración tributaria; y la del empresario Jaime Andrés Uribe, fundador de una marca de ron y sin título profesional, como gerente del fondo previsto para administrar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, valorado en unos 30 billones de pesos, cerca de 10.000 millones de dólares.
Al menos seis personas provenientes del bufete de abogados que fundó el presidente ocupan hoy cargos en el Ejecutivo, entre ellas el propio Barreto. El senador Daniel Briceño, del Centro Democrático, cuestionó la designación al frente del Departamento Nacional de Planeación por falta de experiencia. El Congreso deberá ahora decidir si acepta las objeciones o insiste en el proyecto.
La objeción coincide con cuestionamientos a los primeros nombramientos del Ejecutivo 
