La compañía, propiedad del grupo brasileño Ambev, a su vez parte de la belga AB InBev, emplea a algo más de 500 personas Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), la única productora de cerveza industrial de Uruguay, negocia con el Gobierno y el sindicato una reestructuración que supondría la eliminación de 80 de los 400 puestos de trabajo de sus plantas de Montevideo y Minas. La empresa mantiene sobre la mesa un segundo escenario, que sus propios interlocutores consideran menos probable: abandonar la producción local y operar como importadora, con una plantilla reducida a unos 100 empleados.
La compañía, propiedad del grupo brasileño Ambev, a su vez parte de la belga AB InBev, emplea a algo más de 500 personas. Fundada en 1866 por el alemán Conrado Niding, concentra toda la producción industrial del país bajo las marcas Pilsen, Patricia, Norteña y Zillertal.
FNC atribuye la revisión a una pérdida de competitividad. Elaborar una cerveza en Uruguay cuesta el doble que elaborarla en Argentina o Brasil, señaló en un comunicado, en el que atribuyó la diferencia a los costos logísticos, laborales e impositivos. La empresa no registra pérdidas: cerró 2025 con unos 20 millones de dólares de utilidades, tras un quinquenio con resultados de entre 7 y 17 millones.
El trasfondo es un cambio en el mercado. La cerveza importada, sobre todo latas procedentes de Brasil, representaba el 3 % del consumo uruguayo en 2010, el 17 % en 2015 y un tercio en 2020, y en 2025 superó por primera vez a la producción nacional. La participación de FNC en las ventas locales bajó del 90 % al entorno del 70 %, porcentaje que incluye cerveza que la propia empresa importa. Los uruguayos consumen alrededor de un millón de hectolitros anuales, unos 30 litros por habitante.
El costo salarial es el punto de mayor fricción. La empresa sostiene que el laudo más bajo equivale a 3,4 salarios mínimos y el más alto a 5,1. El presidente del sindicato, Bruno Pastorino, replica que el costo de vida uruguayo no es comparable al de sus vecinos y que los laudos acordados en los consejos de salarios son innegociables, aunque admite discutir beneficios pactados de forma bilateral. El balance de 2025 registra 1.242 millones de pesos en sueldos, 128 millones en aportes a la seguridad social y 485 millones en beneficios, en torno a un cuarto de los ingresos.
La empresa reclama además equiparar los encuadres sindicales de la distribución: su logística, tercerizada desde 2023, se rige por el grupo de la bebida, mientras varias importadoras operan bajo el de comercio mayorista, donde el salario mínimo de un chofer es de 40.700 pesos frente a 98.000. También plantea el costo energético y la devolución del impuesto específico interno por envases de vidrio, vigente hasta 2021.
Las partes acordaron un plazo de 45 días de negociación sin medidas sindicales. La planta de Montevideo retomó la producción, mientras los 59 trabajadores de Minas permanecen en seguro de paro. En 2024, un conflicto similar concluyó con una reducción del 40 % de la plantilla de esa planta.