Trump ha sostenido de manera reiterada que el voto por correo facilita el fraude electoral El gobierno de Estados Unidos presentó este lunes un pedido de emergencia ante la Corte Suprema para que autorice la aplicación de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringe el voto por correo, bloqueada por los tribunales inferiores. La solicitud llega a 99 días de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que se define el control del Congreso.
La presentación se produjo dos días después de que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, rechazara por dos votos contra uno suspender la medida cautelar dictada el 25 de junio por una jueza de distrito. Esa decisión mantiene bloqueada la orden en veintitrés estados de conducción demócrata y en el Distrito de Columbia, que demandaron a la administración.
La orden, firmada en marzo, encomienda a la dirección de Servicios de Ciudadanía e Inmigración y a la Administración del Seguro Social la elaboración de una lista de votantes elegibles, e impide al Servicio Postal enviar boletas a quienes no figuren en ella. Los estados demandantes sostienen que la Constitución reserva la organización de las elecciones a los estados y al Congreso, y no al Poder Ejecutivo, argumento que fue acogido en las instancias previas.
En su presentación ante el máximo tribunal, la administración enmarcó la orden como una orientación general de política y subrayó que el Servicio Postal no ha dictado una reglamentación definitiva. Los jueces de apelaciones habían señalado, en cambio, que la medida establece plazos de cumplimiento inminentes que obligan a los estados a reorganizar sus procedimientos de inmediato, mientras deben garantizar que sus funcionarios y la ciudadanía comprendan las reglas aplicables a los comicios de setiembre y noviembre. Una portavoz de la Casa Blanca afirmó que la decisión de los tribunales inferiores no es la última palabra y que el gobierno espera un resultado favorable.
Trump ha sostenido de manera reiterada que el voto por correo facilita el fraude electoral. Funcionarios electorales, tribunales y agencias federales concluyeron que no existieron pruebas de fraude generalizado en los comicios de 2020, cuando esa modalidad alcanzó una utilización sin precedentes durante la pandemia, y señalaron que el sistema cuenta con múltiples mecanismos de verificación y auditoría.
La iniciativa se inscribe en una serie de acciones del gobierno en materia electoral. La administración impulsa en el Congreso la aprobación de la ley SAVE America, que obligaría a exigir pruebas documentales de ciudadanía para inscribirse en el padrón federal y permanece trabada en el Senado, y demandó a veintinueve estados para obtener copias de sus registros de votantes, que incluyen fechas de nacimiento, números de licencia de conducir y parte de los números de seguridad social. Los tribunales impidieron el acceso en tres estados y aún no se pronunciaron en el resto.