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Jueves, 23 de julio de 2026 - 20:01 UTC

 

 

El Mercosur respalda a Argentina días después del reclamo isleño de autodeterminación en la ONU

Viernes, 3 de julio de 2026 - 07:59 UTC
De la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Asunción surgió una Declaración Especial en la que reiteraron su apoyo a los “legítimos derechos” de Argentina en la disputa de soberanía sobre las islas De la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Asunción surgió una Declaración Especial en la que reiteraron su apoyo a los “legítimos derechos” de Argentina en la disputa de soberanía sobre las islas

En el lapso de una semana, las dos posiciones enfrentadas en la disputa por las Falklands/Malvinas quedaron expuestas de forma nítida en dos escenarios distintos: el respaldo de los gobiernos sudamericanos al reclamo de soberanía de Argentina y la defensa de la autodeterminación que dos representantes de los isleños llevaron ante las Naciones Unidas. Ninguno de los dos pronunciamientos respondió al otro, pero juntos ilustran la distancia entre dos lógicas difíciles de conciliar.

El más reciente llegó el 30 de junio, al cierre de la 68ª Cumbre de Presidentes del Mercosur en Asunción, cuando los Estados parte y asociados del bloque emitieron una Declaración Especial en la que reiteraron su apoyo a los “legítimos derechos” de Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El texto —suscrito por los presidentes de Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay, y por el canciller argentino Pablo Quirno, en ausencia del presidente Javier Milei— cuestionó las actividades económicas británicas en la zona en disputa y encomendó a Uruguay, como presidencia pro tempore, una nueva gestión ante la ONU para reanudar las negociaciones bilaterales. El pronunciamiento no fue una novedad, sino la ratificación de una posición que el bloque reitera en cada cumbre desde la Declaración de Potrero de los Funes de 1996.

Cinco días antes, el 25 de junio, dos miembros de la Asamblea Legislativa de las Falklands, Dorothy “Dot” Gould y Michael Goss, habían expuesto ante el Comité de Descolonización de la ONU (C24) una posición que parte de una premisa opuesta. Ambos defendieron el derecho a la autodeterminación de los habitantes del archipiélago y reiteraron la invitación —nunca aceptada desde 1965— para que el comité envíe una misión visitadora a las islas. Goss cuestionó de manera directa el esquema que el Mercosur respalda: el de una negociación bilateral entre Argentina y el Reino Unido sobre el futuro de las islas sin la participación de sus habitantes. “Eso no es una negociación; es una transferencia de propiedad disfrazada de diplomacia”, afirmó, y sostuvo que, dado que la Constitución argentina fija la recuperación de la soberanía como objetivo “permanente e irrenunciable”, el resultado de cualquier negociación estaría predeterminado.

El contraste se concentra en una distinción que Goss planteó ante el comité: la diferencia entre los “intereses” y los “deseos” de los isleños. Mientras las resoluciones que Argentina y el Mercosur invocan hablan de contemplar los “intereses” de la población —que, según el planteo isleño, pueden ser definidos por terceros—, los representantes reclamaron que se reconozcan sus “deseos”, expresados por ellos mismos. Gould, por su parte, apeló al testimonio personal: recordó que llegó a las islas a los cinco años, describió una comunidad de unas 3.600 personas con más de setenta países de nacimiento y subrayó que el territorio financia su salud y educación sin pedir dinero al Reino Unido. Ambos citaron el referéndum de 2013, en el que el 99,8% votó por seguir siendo territorio británico de ultramar.

Las dos posiciones reflejan lecturas incompatibles del mismo principio. Argentina reivindica la soberanía como política de Estado y sostiene que las resoluciones de la ONU no contemplan la autodeterminación de los isleños, a quienes considera una población trasplantada; el Mercosur acompaña ese reclamo y pide reanudar las negociaciones. El Reino Unido, que administra el archipiélago desde 1833, supedita cualquier negociación a los deseos de los habitantes y defiende su derecho a la autodeterminación. Los isleños, que no son parte formal de la disputa entre los dos Estados, reclaman serlo. La semana condensó, sin un cruce directo, el núcleo de un desacuerdo que la ONU examina desde hace seis décadas.