Las autoridades mantienen restringido el acceso a La Guaira para facilitar el ingreso de maquinaria pesada y equipos especializados Más de 72 horas después de los sismos, los equipos de rescate y los voluntarios advierten que la permanencia de víctimas mortales entre las ruinas plantea un problema de salud pública, a medida que se reducen las posibilidades de hallar supervivientes. En distintos sectores, los rescatistas solicitaron mascarillas y más recursos para trabajar en condiciones sanitarias adecuadas. La magnitud del desastre ha sobrepasado la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia: en algunos casos, según reportes desde el terreno, han sido los propios familiares quienes debieron trasladar los cuerpos de sus allegados ante la falta de servicios disponibles.
El sistema sanitario, ya debilitado antes de la catástrofe por la prolongada crisis económica del país, enfrenta una fuerte presión. Según el balance oficial, al menos 13 hospitales sufrieron daños graves o quedaron inutilizados, lo que reduce la capacidad de atención justo cuando más se necesita. La Organización Panamericana de la Salud había advertido que los centros médicos de las zonas afectadas atendían fracturas, traumatismos y heridas por aplastamiento, y que los seísmos generarían nuevas y significativas necesidades.
Las autoridades mantienen restringido el acceso a La Guaira para facilitar el ingreso de maquinaria pesada y equipos especializados. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó de que más de 14.000 militares y policías fueron desplegados en la zona, junto con un centenar de máquinas. El número de personas desaparecidas es objeto de versiones dispares: organismos como la ONU han mencionado que decenas de miles seguirían sin localizar, mientras que el Gobierno sostiene que la cifra es de cientos. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, aclaró que los datos oficiales reflejan las víctimas registradas en hospitales.
La respuesta internacional se ha ampliado: según el Gobierno, 24 países han enviado ayuda, con más de 2.700 rescatistas y decenas de binomios caninos ya integrados a las labores. Miles de voluntarios se movilizaron para distribuir alimentos, agua, medicamentos y ropa, mientras el Ejecutivo habilitó una línea telefónica y una plataforma digital para reportar desaparecidos y coordinar la asistencia. La ONU estimó los daños en un rango de entre 4.700 y 8.700 millones de dólares. Los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, fueron de los más potentes registrados en Venezuela en más de un siglo y dejaron a miles de personas desplazadas.