El presidente, Miguel Díaz-Canel, justificó el paquete ante el Comité Central del Partido Comunista con la premisa de “cambiar lo que haya que cambiar”
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó este viernes un paquete de 176 medidas que introduce dinámicas de mercado en la economía de la isla, en el giro más profundo desde las reformas impulsadas por Raúl Castro en 2011. El Gobierno presentó el plan como una respuesta a la peor crisis económica en décadas, aunque buena parte de la población lo recibe con escepticismo.
El documento, estructurado en 23 ejes, legaliza medidas que hasta hace poco se consideraban vetadas: autoriza la creación de banca privada bajo la supervisión del Banco Central, permite la inversión extranjera directa en el sector privado y en el turismo, pone fin al monopolio estatal del comercio exterior y habilita la conversión de empresas estatales en sociedades por acciones. También elimina el tope de 100 empleados para los negocios privados, crea procedimientos de quiebra, prevé devaluaciones sucesivas de la moneda y sustituye los subsidios universales de la cartilla de racionamiento por ayudas dirigidas a los sectores considerados vulnerables.
El presidente, Miguel Díaz-Canel, justificó el paquete ante el Comité Central del Partido Comunista con la premisa de “cambiar lo que haya que cambiar” y admitió que no haberlo hecho antes fue “un error”. El mandatario sostuvo que las transformaciones “no significan una renuncia al socialismo”, sino el resultado de propuestas de economistas y del estudio de otras experiencias socialistas. El primer ministro, Manuel Marrero, las definió como una “condición indispensable” para preservar el modelo. El trámite fue inusualmente rápido para Cuba: en una sola semana se sucedieron el anuncio, el aval del Comité Central y la aprobación parlamentaria.
Las dudas se concentran en la implementación, en un país donde anteriores intentos de apertura se diluyeron en la burocracia. “Todos estamos de acuerdo en que, si se hubiesen hecho 10 años atrás, Cuba sería ya otro país”, afirmó la empresaria Marta Deus, cofundadora de la aplicación de reparto Mandao, quien advirtió que el éxito dependerá en parte de las sanciones estadounidenses. La economista Tamarys Bahamonde señaló que los cambios llegan “cuando el país no tiene condiciones sociales para asimilarlos”, mientras que el economista Carmelo Mesa-Lago y el opositor Manuel Cuesta Morúa coincidieron en describirlos como una reforma de mercado “al estilo chino o vietnamita”, pero en un momento adverso.
El contexto es crítico: la escasez crónica de combustible, la crisis energética y la inflación han erosionado a los negocios, a lo que se suma la presión de Washington, que mantiene un bloqueo petrolero de facto desde inicios de año y amenazó con congelar los activos de quienes se asocien con la isla. La eliminación de los subsidios universales y el riesgo de una mayor desigualdad figuran entre los puntos más sensibles del plan, cuya aplicación efectiva está aún por verse.
El presidente, Miguel Díaz-Canel, justificó el paquete ante el Comité Central del Partido Comunista con la premisa de “cambiar lo que haya que cambiar” 
