Parte del peronismo considera que un indulto a la dirigente que más ha polarizado a la sociedad argentina en las últimas dos décadas podría movilizar a los votantes antikirchneristas
Se cumple un año desde que la Corte Suprema de Justicia de Argentina dejó firme la condena por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner —seis años de prisión e inhabilitación política de por vida— y la posibilidad de indultarla si el peronismo regresa al poder divide al movimiento, en plena búsqueda de candidato para las elecciones presidenciales de finales de 2027. Kirchner cumple arresto domiciliario en un departamento de Buenos Aires, en el barrio de Constitución, donde sus seguidores volverán a congregarse este miércoles para reclamar su libertad.
El núcleo duro del kirchnerismo exige a cualquier aspirante presidencial que presione por su liberación, mientras el resto del peronismo busca evitar una promesa que considera contraproducente: un indulto a la dirigente que más ha polarizado a la sociedad argentina en las últimas dos décadas podría movilizar a los votantes antikirchneristas. La consigna “Cristina libre”, convertida en bandera opositora, incomoda así a parte de la conducción.
El hijo de la expresidenta, el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, apuntó contra quienes, dentro del propio espacio, se benefician de su inhabilitación. “En nuestro espacio también hay favorecidos. Por eso no piden por su libertad”, escribió en alusión al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El exministro de Economía, hoy uno de los principales referentes del peronismo y precandidato para 2027, ha calificado la condena de “injusta” y “un disparate”, pero evita comprometerse a un indulto: sostiene que cualquier perdón requeriría “hablar con ella” y entender que la condena responde “a un problema mucho más amplio” vinculado a un sector del Poder Judicial.
Otros dirigentes se han pronunciado a favor, como Juan Grabois —“la libertad de Cristina la tiene que garantizar el próximo presidente”—, mientras que el exministro Sergio Massa se ha escudado en el rechazo histórico de la propia Kirchner. Durante años, la exmandataria se opuso de plano a un indulto, al considerar que equivaldría a admitir su culpabilidad en la adjudicación irregular de medio centenar de obras públicas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. Kirchner defiende su inocencia y, agotadas las instancias en Argentina, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su entorno, no obstante, ya no cierra la puerta a esa medida.
En vísperas de la movilización, el kirchnerismo denuncia además las condiciones del arresto. Kirchner solo puede salir por motivos médicos y recibir visitas dos días por semana, durante dos horas. “La someten a un régimen de aislamiento totalmente arbitrario y restrictivo, en comparación con las condiciones que aplican a narcotraficantes y genocidas”, afirmó su hijo. La interna por la sucesión de Kirchner, sin resolver desde hace más de una década, vuelve a quedar expuesta: mientras Kicillof intenta mostrarse como alternativa a los recortes del presidente Javier Milei, otros referentes apuestan por un futuro en el que la expresidenta deje de ser imprescindible.
Parte del peronismo considera que un indulto a la dirigente que más ha polarizado a la sociedad argentina en las últimas dos décadas podría movilizar a los votantes antikirchneristas 
