La aplicación práctica ya muestra sus primeros desafíos
A un mes de la entrada en vigor provisoria del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, los intercambios se rigen desde el 1 de mayo por las disposiciones pactadas, mientras la atención política y jurídica en Bruselas se concentra en el Tribunal de Justicia de la UE, que deberá pronunciarse sobre la validez del mecanismo elegido para poner en marcha el tratado.
La consulta al máximo tribunal europeo nació de una resolución del Parlamento Europeo, aprobada en enero por estrecho margen (334 votos a favor y 324 en contra), que pidió un dictamen sobre la compatibilidad del entendimiento con los tratados de la UE. El paso no bloquea la aplicación provisoria, pero mantiene en suspenso la ratificación parlamentaria. Desde la Comisión Europea remarcaron que se trata de una solicitud de dictamen y no de una impugnación directa al contenido del acuerdo, y recordaron que existen antecedentes favorables en la jurisprudencia del tribunal sobre otros tratados comerciales de gran escala.
Las estimaciones del bloque indican que el pronunciamiento podría conocerse antes de fines de 2027, tras lo cual el acuerdo deberá volver a votarse a nivel parlamentario, tanto en la UE como en los Estados miembros. Altos funcionarios sostienen que la decisión del Consejo de habilitar la aplicación provisoria constituye un respaldo institucional difícil de revertir, y citan como ejemplo el acuerdo con Canadá (CETA), vigente de forma provisoria desde 2017.
El vocero de Comercio de la Comisión, Olof Gill, defendió la relevancia del entendimiento: “Es de una importancia titánica en materia económica por las potencias que incluye”, señaló.
Las resistencias persisten. Francia encabeza el grupo de países más críticos —el presidente Emmanuel Macron advirtió que el contexto político interno dificulta el cierre definitivo—, junto con Polonia y otros gobiernos con reparos, vinculados sobre todo al impacto de la apertura sobre sectores agropecuarios. Aun así, en la Comisión prevalece la idea de que una caída del acuerdo tendría costos políticos demasiado altos: dar marcha atrás tras habilitar su entrada en vigor afectaría la credibilidad del bloque como actor comercial.
La aplicación práctica ya muestra sus primeros desafíos. El reparto de las cuotas de importación de carne sigue bajo observación: en mayo se hizo una primera distribución trimestral entre importadores, aunque las autoridades europeas admiten que aún no tienen un panorama definitivo. “No es nuestro problema cómo lo repartan; eso lo deciden los países del Mercosur”, aclararon. Una nueva asignación está prevista para agosto. En la Comisión reconocieron, además, que las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, contra el cambio climático y su amenaza de salir del Acuerdo de París —uno de los pilares del entendimiento— generaron discusiones internas, aunque consideran que la permanencia de Argentina en ese compromiso ambiental está por encima de sus políticas internas.
La aplicación práctica ya muestra sus primeros desafíos 
