MercoPress. South Atlantic News Agency
Venezuela anuncia la reestructuración formal de su deuda externa tras casi una década en cesación de pagos
La reestructuración avanza dentro del esquema de relajación gradual de sanciones impulsado por Washington tras la operación militar del 3 de enero El Gobierno de Venezuela anunció este miércoles el lanzamiento formal de un proceso “integral y ordenado” de reestructuración de la deuda pública externa del país y la de la petrolera estatal PDVSA, en el paso más concreto del Ejecutivo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez hacia la normalización financiera tras casi una década de cesación de pagos. El comunicado, emitido por la Vicepresidencia Sectorial de Economía, plantea como objetivo central “poner la economía al servicio del pueblo venezolano y liberar al país de la carga de la deuda acumulada”.
Venezuela se encuentra en situación de impago desde 2017 y atribuye el incumplimiento a las sanciones impuestas por Estados Unidos a partir de ese mismo año. El país acumula cerca de 60.000 millones de dólares en bonos impagados, mientras que su deuda externa total, incluyendo obligaciones de PDVSA, préstamos bilaterales y laudos arbitrales por expropiaciones, se ubica entre 150.000 y 170.000 millones, según estimaciones recogidas por la agencia Reuters, que la define como uno de los mayores defaults soberanos sin resolver del mundo. Entre los principales acreedores figuran fondos especializados en deuda en dificultades, conocidos como “fondos buitre”; compañías con laudos arbitrales pendientes como ConocoPhillips y Crystallex; y acreedores bilaterales como China y Rusia, que concedieron préstamos tanto a Nicolás Maduro como a Hugo Chávez.
El anuncio se inscribe en un proceso acelerado de reconfiguración financiera. El pasado 5 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General 58, que autoriza temporalmente la prestación de servicios de asesoría legal y financiera a Venezuela y PDVSA para una eventual reestructuración. La licencia llegó 20 días después de que el Fondo Monetario Internacional anunciara el restablecimiento de relaciones con Caracas tras siete años de ruptura, una normalización diplomática que habilita al organismo a prestar asistencia técnica y eventualmente financiera al Gobierno venezolano.
“Por demasiado tiempo, el país ha sido privado del acceso normal a financiamiento y su economía perdió capacidad para invertir en salud, electricidad, agua, educación, infraestructura, recuperación productiva y el bienestar de su población”, señala el comunicado oficial. “Esta es una decisión responsable, nacionalista y social. Su objetivo es reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano”. El documento no detalla mecanismos concretos, plazos ni interlocutores designados para la negociación, una omisión que deja abierta la pregunta sobre la articulación operativa del proceso.
La reestructuración avanza dentro del esquema de relajación gradual de sanciones impulsado por Washington tras la operación militar del 3 de enero, en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro, hoy en proceso judicial en Nueva York. La administración Trump ha priorizado el desbloqueo del sector energético, considerado un eje estratégico para garantizar la independencia petrolera estadounidense respecto del Golfo Pérsico.
