


Su madre, Carmen Teresa Navas, de 82 años, realizó múltiples gestiones ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo y nunca tuvo respuestas claras sobre el estado de su hijo El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela confirmó este jueves la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, comerciante de 51 años, casi diez meses después de su fallecimiento bajo custodia estatal y tras más de un año de denuncias de desaparición forzada presentadas por su familia.
Según el comunicado oficial, Quero Navas fue detenido el 3 de enero de 2025 y recluido en el Internado Judicial Rodeo I, cerca de Caracas. El 15 de julio de ese año fue trasladado al Hospital Militar Carlos Arvelo tras presentar hemorragia digestiva superior y un cuadro febril agudo. El ministerio indicó que falleció el 24 de julio a las 23:25 por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar. La inhumación se realizó el 30 de julio en el Parque Memorial Jardín La Puerta. La fecha grabada en la tumba, sin embargo, indica el 27 de julio, según constató un periodista de AFP en el cementerio.
Las autoridades penitenciarias justificaron la falta de notificación a la familia argumentando que el detenido no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal. La organización Justicia, Encuentro y Perdón rechazó esa versión y recordó que su madre, Carmen Teresa Navas, de 82 años, realizó múltiples gestiones ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
Carmen Navas recorrió durante meses cárceles, tribunales y oficinas públicas exigiendo una fe de vida que nunca recibió. Días antes de la confirmación oficial, ofreció una rueda de prensa junto a Foro Penal en la que reiteró públicamente su pregunta: dónde estaba su hijo.
El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, declaró a EFE que Quero fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en una plaza de Caracas. La detención habría estado vinculada a su servicio militar prestado en 2023, antecedente que derivó en la apertura de una causa por traición a la patria, conspiración y terrorismo. El Tribunal Segundo de Control rechazó incluirlo en la amnistía impulsada en febrero por la presidenta interina Delcy Rodríguez al considerar que esos delitos quedaban fuera del beneficio.
El 18 de abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó la Resolución 27/2026 con medidas cautelares a favor de Quero y su madre, al estimar que enfrentaban riesgo de daño irreparable. El Estado no respondió al exhorto, pese a que el detenido ya había muerto.
Foro Penal informa que desde enero han sido excarcelados 776 presos políticos, de los cuales 186 fueron liberados tras la promulgación de la Ley de Amnistía. Diversas ONG exigieron una investigación independiente conforme al Protocolo de Minnesota.