La doctrina Irurzun (2017) justifica la prisión preventiva de funcionarios o exfuncionarios si sus lazos de poder pueden entorpecer una investigación judicial.
La diputada nacional argentina Marcela Pagano solicitó este lunes la detención del jefe de Gabinete Manuel Adorni, al acusarlo de haber presionado al contratista Matías Tabar antes de su declaración judicial sobre las refacciones realizadas en la casa del country Indio Cua. La presentación, dirigida al juez federal Ariel Lijo, invoca la denominada doctrina Irurzun y se produce horas después de que Tabar declarara que recibió 245.000 dólares en efectivo del jefe de Gabinete por las obras en el inmueble, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito que sigue su curso bajo la dirección del fiscal Gerardo Pollicita.
“Acabo de solicitar la detención de Manuel Adorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina Irurzun”, escribió Pagano en su cuenta de X. La legisladora libertaria, quien fue la denunciante original del caso, sostiene en el escrito que el funcionario contactó al testigo “inmediatamente antes de su declaración testimonial bajo juramento”, ofreciéndole “ayuda” o el contacto de su “equipo”, además de procurar el borrado de los mensajes de WhatsApp intercambiados con el contratista. Tabar había confirmado en su declaración ante el fiscal que recibió ese contacto y que finalmente lo rechazó tras consultar con su propio abogado, según señalaron fuentes judiciales.
La doctrina Irurzun, formulada en 2017 por el camarista federal Martín Irurzun en el procesamiento del exministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido, justifica la prisión preventiva contra funcionarios o exfuncionarios cuando se presume que sus lazos de poder pueden entorpecer la investigación. Pagano solicita su aplicación “por analogía agravada”, argumentando que la situación de Adorni es más grave que las contempladas originalmente por la doctrina, dado que se trata de una conducta concreta y actual de un funcionario en pleno ejercicio del cargo. Como medidas alternativas a la detención, la diputada planteó la prohibición de contacto con testigos, la retención del pasaporte, una caución económica y la preservación de las comunicaciones del funcionario.
La denuncia se inscribe en una secuencia que se ha intensificado a lo largo de las últimas semanas. Tabar declaró que las obras se desarrollaron entre octubre de 2024 y julio de 2025 sobre un lote de 400 metros cuadrados, con pagos en dos etapas —55.000 dólares en 2024 y 190.000 en 2025—, en efectivo y sin facturación. La propiedad había sido adquirida en noviembre de 2024 por la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, por 120.000 dólares, la mitad del monto declarado para la refacción posterior. La Casa Rosada ha rechazado la cifra y anunció que solicitará una pericia para refutar el testimonio.
El caso se ha convertido en uno de los principales focos políticos del gobierno de Javier Milei. La semana pasada, Adorni se negó a renunciar durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, donde declaró: “No cometí ningún delito y lo voy a probar en la Justicia”. El bloque peronista en el Congreso anunció el impulso de una moción de censura, mecanismo previsto en el artículo 101 de la Constitución nunca aplicado desde su instauración en 1994. Otros testigos vinculados a las operaciones inmobiliarias del funcionario están pendientes de declarar en los próximos días.
La doctrina Irurzun (2017) justifica la prisión preventiva de funcionarios o exfuncionarios si sus lazos de poder pueden entorpecer una investigación judicial. 
