De los más de 336.000 migrantes en situación irregular en Chile, el 75% son venezolanos
Mientras el gobierno del presidente José Antonio Kast intensifica su campaña contra la inmigración irregular con vuelos de deportación y promesas de expulsiones masivas, miles de venezolanos indocumentados en Chile enfrentan una paradoja: quieren irse pero no pueden hacerlo legalmente. Sin pasaportes vigentes, sin servicios consulares venezolanos en el país y sin un mecanismo formal de retorno voluntario, están atrapados entre un gobierno que no los quiere y un país de origen al que no logran volver.
“Todos los días quiero regresar a Venezuela, porque tengo un hijo de 12 años allá, al cuidado de mi mamá, y porque en Chile, estar sin papeles, es como remar y siempre estar en el mismo punto”, dijo una migrante venezolana de 34 años identificada solo como Mariel por temor a represalias laborales.
De los más de 336.000 migrantes en situación irregular en Chile, el 75% son venezolanos. Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Santiago tras las elecciones de 2024 y retiró sus servicios consulares, lo que imposibilita la obtención de documentos de identidad vigentes, requisito indispensable para salir legalmente del país. El canciller chileno Francisco Pérez Mackenna dijo a El Mercurio que el gobierno inició gestiones para retomar las relaciones consulares con Caracas, calificándolo como “una prioridad para poner orden en materia migratoria”.
Desde la elección de Kast en diciembre, solo 2.180 venezolanos irregulares optaron por la salida voluntaria, una cifra modesta frente a los 24.525 que se fueron entre 2022 y 2025. El gobierno anunció que evalúa “posibilidades de facilitar esa salida voluntaria”, según el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, pero los detalles no se han definido.
Las dificultades son múltiples. Para salir legalmente, los migrantes necesitan documentación de identidad vigente, deben pagar multas por ingreso o estadía irregular y obtener un permiso especial de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Nacional de Migraciones. Además, la salida voluntaria implica una prohibición de reingreso de hasta cinco años.
Gabriela Hilliger, directora jurídica del Servicio Jesuita Migrante, señaló que “hay grupos por nacionalidades que se enfrentan a ese desafío” documental y que se necesita “un esfuerzo diplomático que trabaje con aerolíneas y permita solventar eso”. Juan Pablo Ramaciotti, del Centro de Políticas Migratorias, advirtió que sin mecanismos formales se corre el riesgo de empujar a los migrantes hacia rutas irregulares controladas por traficantes: “Es muy mala alternativa porque se exponen a riesgos en el trayecto y pueden terminar pagando a grupos criminales”.
Una encuesta de ACNUR difundida en marzo mostró que solo el 35% de los venezolanos en América Latina tiene intención de retornar a su país, pese a la salida de Nicolás Maduro del poder en enero tras la intervención militar de Estados Unidos.
El gobierno de Kast descartó una regularización masiva durante su mandato de cuatro años. El jueves ejecutó su primer vuelo de deportación con 40 migrantes de Colombia, Bolivia y Ecuador, pero no incluyó venezolanos por la ausencia de relaciones consulares. Las autoridades indicaron que hay más de 44.000 personas “listas” para ser expulsadas y 75.000 órdenes de deportación pendientes, la mitad correspondientes a ciudadanos venezolanos que, por ahora, no pueden ser devueltos.
De los más de 336.000 migrantes en situación irregular en Chile, el 75% son venezolanos 
