


La nueva ley modifica la norma 26.639, vigente desde 2010, e introduce un cambio sustancial: solo los glaciares que cumplan una función hídrica efectiva mantendrán protección plena La Cámara de Diputados de Argentina sancionó en la madrugada de este jueves la reforma de la Ley Nacional de Glaciares, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que reduce el alcance de las protecciones ambientales en la zona cordillerana y habilita la actividad minera en áreas que estaban vedadas a la explotación. La votación arrojó 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, tras más de once horas de debate en sesión especial. El proyecto ya contaba con media sanción del Senado.
La nueva ley modifica la norma 26.639, vigente desde 2010, e introduce un cambio sustancial: solo los glaciares que cumplan una función hídrica efectiva mantendrán protección plena. El ambiente periglacial —formaciones de suelo congelado y cuerpos de hielo menores que rodeaban a los glaciares— queda excluido de la categoría de reservas estratégicas de agua y pierde la protección automática que le otorgaba la legislación anterior. Su resguardo dependerá de estudios técnicos caso por caso.
Otro eje central de la reforma es la transferencia de competencias a las provincias. Las jurisdicciones locales asumen la potestad de determinar qué formaciones integran el Inventario Nacional de Glaciares y cuáles pueden ser habilitadas para actividades extractivas, así como el control de las evaluaciones de impacto ambiental. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) conserva la titularidad del registro técnico, pero su papel queda subordinado a las decisiones provinciales.
El texto incluye un principio precautorio: todos los cuerpos de hielo actualmente inventariados mantendrán su resguardo hasta que la autoridad competente verifique la inexistencia de funciones hídricas. Sin embargo, la norma también establece que eventuales demoras del Ianigla en actualizar el inventario no afectarán la validez de las autorizaciones que otorguen las provincias.
El gobierno celebró la aprobación como una reforma histórica y agradeció especialmente a los gobernadores de San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta y Mendoza, las cinco provincias con mayor potencial minero en la cordillera. La Oficina del Presidente aseguró que la ley permitirá explotar minerales en terrenos que estaban mal catalogados como glaciares. Según datos oficiales de la Secretaría de Minería, Argentina posee reservas de cobre estimadas en 17,1 millones de toneladas métricas, equivalentes al 9,2% de las reservas chilenas.
Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), había defendido la reforma en una audiencia pública ante el Congreso: No se trata de elegir entre ambiente o desarrollo, sino de tener ambos. Una ley mejor diseñada con criterios técnicos claros, con mayor participación provincial y controles efectivos puede lograr ese equilibrio.
La oposición rechazó la norma con firmeza. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, calificó la reforma como totalmente regresiva e inconstitucional. Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, votó en contra y recordó que había participado en la sanción de la ley original en 2010. Desde Unión por la Patria, la diputada cordobesa Gabriela Estévez advirtió: Si les damos la explotación de los glaciares, ¿qué les va a quedar a las generaciones futuras?
Organizaciones ambientalistas se manifestaron frente al Congreso durante el debate. Activistas de Greenpeace desplegaron pancartas pidiendo a los legisladores que no aprobaran la reforma. Expertos en glaciología han advertido que la reducción de las áreas protegidas podría tener impactos irreversibles sobre las cuencas hídricas de la zona andina, que abastecen de agua a millones de personas en provincias como San Juan y Mendoza. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presenció el tramo final del debate desde el palco de la Cámara.