“Actuamos con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretenden avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos”, afirmó el mandatario
El presidente argentino, Javier Milei, advirtió este jueves que su gobierno “responderá con todas las medidas diplomáticas necesarias” para proteger los intereses del país frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion, operado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la cuenca norte de las Falklands/Malvinas. Las declaraciones, pronunciadas durante el acto por el 44° aniversario de la guerra, representan la posición más firme del gobierno de Milei frente a un proyecto que acaba de superar un hito financiero decisivo.
“Actuamos con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretenden avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos”, afirmó el mandatario en su discurso en la Plaza San Martín de Buenos Aires, en referencia directa a la decisión final de inversión (FID) anunciada por ambas compañías en diciembre pasado, según informó EFE.
Sea Lion es el mayor proyecto petrolero en desarrollo en el Atlántico Sur fuera de Brasil. El campo, descubierto en 2010 por Rockhopper Exploration —compañía cotizada en Londres— tras más de una década de atrasos, retrasos financieros y obstáculos regulatorios, alcanzó su FID el 10 de diciembre de 2025. Navitas Petroleum, empresa de origen israelí, opera el yacimiento con una participación del 65%, mientras que Rockhopper retiene el 35% restante.
El costo total del proyecto se estima en 2.100 millones de dólares. La primera fase apunta a extraer 170 millones de barriles con una producción pico de 50.000 barriles diarios, con inicio de operaciones previsto para 2028. La segunda fase proyecta la recuperación de otros 149 millones de barriles. En total, el campo tiene recursos estimados en 917 millones de barriles, según una evaluación independiente de Netherland, Sewell & Associates realizada en 2025.
El desarrollo contempla la conexión de pozos submarinos a un buque flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) mediante una red de infraestructura submarina. Navitas ha firmado contratos clave para la perforación, el equipamiento submarino y el arrendamiento del FPSO Aoka Mizu, anteriormente desplegado en aguas al oeste de Escocia. El gobierno de las Falklands aprobó el plan de desarrollo y producción para las fases 1 y 2, otorgando licencias de explotación con una vigencia de 35 años.
Argentina considera ilegales todas las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a las islas, al entenderlas como parte de su plataforma continental bajo disputa de soberanía. Las Naciones Unidas reconocen la controversia como una situación colonial pendiente de resolución bilateral entre Buenos Aires y Londres, aunque no se pronuncian sobre la titularidad de los recursos.
La advertencia de Milei se produce en un momento de aparente contradicción: su gobierno ha estrechado lazos con el Reino Unido, negocia el levantamiento de restricciones a la compra de armamento y evalúa un posible viaje presidencial a Londres entre abril y mayo. Sin embargo, el mandatario ha sostenido desde el inicio de su gestión que el reclamo soberano sobre las islas es “innegociable”, aunque ha condicionado cualquier recuperación territorial a la voluntad de sus habitantes.
Ni Rockhopper ni Navitas se han pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Milei. Ambas compañías han avanzado en las semanas recientes con la contratación de servicios para el inicio de las obras submarinas previstas para este año.
“Actuamos con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretenden avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos”, afirmó el mandatario 
