MercoPress. South Atlantic News Agency
El nuevo gobierno de Chile congela la legalización de migrantes y apunta a deportaciones
«Chile ha sido socavado por la inmigración ilegal y el crimen organizado», dijo Kast, pese a mantener una de las tasas de homicidios más bajas de la región: 5,4 por 100.000 habitantes. El gobierno del presidente José Antonio Kast suspendió un decreto impulsado por la administración anterior de Gabriel Boric que habría regularizado a unas 182.000 personas que ingresaron de forma irregular a Chile y se registraron voluntariamente ante las autoridades migratorias.
“No vamos a producir una regularización masiva como se propuso en el gobierno de Boric”, aseguró el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum. El funcionario justificó la decisión señalando que 6.000 de las 182.000 personas empadronadas ya habían cometido algún delito.
Kast asumió la presidencia el 11 de marzo tras suceder a Boric, cuyo gobierno había impulsado el proceso de empadronamiento con el objetivo de identificar a los migrantes que habían entrado por pasos no autorizados. El nuevo mandatario hizo del combate a la migración irregular y al crimen organizado su principal bandera de campaña y prometió impulsar la expulsión de los cerca de 337.000 migrantes irregulares que viven actualmente en el país, en su mayoría venezolanos, según cifras oficiales.
“Chile ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo Kast a la prensa este lunes. Aunque los homicidios y secuestros han aumentado en los últimos años con la llegada de bandas criminales extranjeras como el Tren de Aragua, Chile mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica: 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025.
Cinco días después de asumir, Kast viajó a la región de Arica, en la frontera con Perú, para supervisar la construcción de barreras físicas en las tres regiones del norte del país bajo el plan denominado “Escudo Fronterizo”, con un plazo de 90 días para completarlas. El gobierno también anunció la ampliación del despliegue militar y de tecnología de vigilancia, incluyendo drones, cámaras y sensores.
Además, la administración enviará al Congreso dos proyectos de ley: uno para sancionar a quienes faciliten el ingreso irregular de migrantes y otro que tipificaría como delito el acceso ilegal al territorio chileno. Kast descartó, sin embargo, redadas masivas. “No queremos hacer una persecución lugar por lugar. Pero cada una de las personas sabe que tiene que encontrarse con el Estado en algún momento”, advirtió en una entrevista con Canal 13.
La decisión genera inquietud entre la comunidad migrante. “Toda esta situación genera muchísima incertidumbre”, dijo a AFP Freymar Márquez, una venezolana de 30 años residente en Chile. “Si están negando la regularización a esas personas que se empadronaron, qué quedará para las personas que no tienen el enrolamiento”, agregó.
