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ONU alerta: más de 10.000 colombianos reclutados como mercenarios en la última década
Soldados del Ejército Nacional de Colombia en formación. Foto: AFP Un grupo de expertos de la ONU sobre mercenarios alertó este viernes de un aumento significativo del reclutamiento de mercenarios colombianos, impulsado por la proliferación de conflictos armados en el mundo. Tras una visita de 11 días a Colombia, el organismo estimó en más de 10.000 el número de ciudadanos —casi todos exmilitares y expolicías— reclutados en el extranjero durante la última década, con ofertas que oscilan entre 2.000 y 6.000 dólares mensuales.
“La proliferación de conflictos en el mundo ha aumentado la demanda y, por ende, la oferta. Hay una demanda muy diversificada, que los colombianos están llenando”, señaló la experta Joana de Deus Pereira en conferencia de prensa en Bogotá, citando específicamente la escalada en Oriente Medio, la guerra en Sudán y la invasión rusa de Ucrania.
La presidenta del grupo, Michelle Small, explicó que los exmilitares colombianos son altamente cotizados en el mercado global. “Tras los procesos de desmovilización de las FARC y los paramilitares, Colombia se encontró con un gran número de personas entrenadas para el combate para la vida civil”, afirmó. La principal motivación es económica, con sueldos que superan ampliamente las pensiones militares en Colombia. Las ofertas provienen de empresas de seguridad privada, ejércitos nacionales y organizaciones paramilitares.
Gran parte del reclutamiento se realiza a través de redes sociales. Plataformas como Facebook, Instagram, Telegram, TikTok y WhatsApp funcionan como canales habituales por su fácil acceso y la dificultad de rastrearlos. La delegación advirtió también del crecimiento del reclutamiento predatorio o engañoso, con compañías que pagan mucho menos de lo ofrecido o que utilizan contratos con puestos de trabajo falsos. “Este tipo de reclutamiento puede constituir explotación laboral y trata de personas”, indicó Small.
Durante la visita del grupo, que se extendió del 16 al 27 de marzo, el gobierno colombiano firmó la ley 2569, que ratifica el convenio internacional sobre la utilización de mercenarios y busca prohibir el reclutamiento y la financiación de esta actividad. La normativa había sido aprobada en diciembre por el Congreso y requería la firma del presidente Gustavo Petro para entrar en vigor.
No obstante, el informe preliminar del grupo identifica fallos en el control estatal. Los expertos señalaron una “capacidad limitada de recursos financieros y humanos, junto con una supervisión débil y la falta de presencia en zonas remotas” por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En Colombia operan cerca de 1.300 empresas de seguridad privada con más de 400.000 empleados, sin contar las compañías informales que escapan a toda supervisión. También alertaron sobre más de 60.000 armas sin licencia en circulación.
El grupo manifestó su preocupación por las más de 600 familias que buscan activamente noticias de sus parientes reclutados como mercenarios o voluntarios en guerras en el extranjero. Muchas reportan la muerte, desaparición o secuestro de sus familiares, y el gobierno colombiano ha enfrentado grandes dificultades para obtener información a través de canales diplomáticos. La repatriación de los cuerpos es excepcional, ya que la mayoría nunca son localizados o quedan enterrados en territorio extranjero.
El grupo presentará sus conclusiones finales ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre.
