La amnistía se aplicará tomando como referencia 13 hitos concretos de conflictividad política y social
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad una ley de amnistía destinada a beneficiar a personas procesadas o condenadas en episodios de crisis política entre 2002 y 2025, en una medida que, según el propio Parlamento, busca acelerar excarcelaciones y cerrar causas judiciales vinculadas a esos hechos. La norma fue remitida al Palacio de Miraflores para su promulgación y entrada en vigor tras su publicación oficial.
El texto establece exclusiones explícitas. No podrán acogerse quienes hayan favorecido, facilitado, financiado o participado en “acciones armadas” o de fuerza contra la población, la soberanía o la integridad territorial, incluidas aquellas impulsadas por Estados o corporaciones extranjeras. También quedan fuera delitos como violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o de guerra, homicidio intencional, narcotráfico y delitos contra el patrimonio público, de acuerdo con el articulado aprobado.
La amnistía se aplicará tomando como referencia 13 hitos concretos de conflictividad política y social —entre ellos el golpe de Estado de 2002, el paro petrolero de 2002-2003, protestas de 2014, 2017 y 2019, las primarias opositoras de 2023, las elecciones presidenciales de 2024 y los comicios regionales y legislativos de 2025—, aunque el Parlamento habilitó que una comisión evalúe casos fuera de ese listado.
En la arquitectura de implementación, la norma fija que una comisión parlamentaria de seguimiento se encargará de monitorear su aplicación y podrá contratar expertos. Además, se incorporó un plazo: los tribunales deberán revisar y otorgar las medidas en un máximo de 15 días. Para quienes estén fuera del país, se prevé la posibilidad de solicitar el beneficio mediante representación legal.
Durante el debate, legisladores oficialistas y opositores defendieron la votación unánime como un gesto político, aunque persistieron diferencias sobre el alcance y la operativa. En el mismo intercambio parlamentario, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, admitió que la Ley Contra el Odio podría ser objeto de reforma por casos de “mala aplicación”, un punto que había sido parte de los reclamos de familiares y organizaciones.
La aprobación se produce tras semanas de excarcelaciones y presiones públicas de familiares. La ONG Foro Penal ha señalado que, pese a liberaciones recientes, todavía quedan centenares de presos por razones políticas en el país.
La amnistía se aplicará tomando como referencia 13 hitos concretos de conflictividad política y social 
