La huelga llega tras la obtención del dictamen de mayoría en comisiones y en la víspera de una sesión que el oficialismo confía en habilitar con quórum Argentina inició este jueves una huelga general de 24 horas convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en una jornada en la que la Cámara de Diputados prevé debatir el proyecto desde las 14:00 hora local. La medida impactó de forma inmediata en la movilidad urbana e interurbana y obligó a aerolíneas y operadores a reprogramar servicios.
Desde la medianoche se suspendieron trenes y subtes, y la actividad aérea operó con fuertes restricciones. La adhesión del transporte fue amplia, aunque algunas líneas de autobuses siguieron funcionando porque una de las empresas del sector —DOTA— no se sumó a la protesta, según reportes locales. En el resto de los servicios, la afectación se extendió a la administración pública y a la atención presencial en bancos, con continuidad de canales digitales.
En el frente aerocomercial, Aerolíneas Argentinas informó la cancelación de 255 vuelos en su red, con un impacto estimado en más de 31.000 pasajeros y pérdidas cercanas a los US$ 3 millones. La compañía detalló que 219 cancelaciones correspondieron a rutas domésticas, 32 a regionales y cuatro a internacionales, y recomendó a los usuarios revisar notificaciones y utilizar herramientas de autogestión para cambios y reubicaciones.
Otras operadoras anunciaron ajustes para sostener parte de su programación. Flybondi, por ejemplo, comunicó que trasladaría su operación desde Aeroparque a Ezeiza y proyectó alrededor de 100 vuelos y más de 16.000 pasajeros durante la jornada, aunque advirtió que la disponibilidad de insumos críticos —como combustible— podía alterar la operación. En paralelo, los controladores aéreos nucleados en ATEPSA no se plegaron formalmente por tratarse de un servicio esencial, pero se anticipó una actividad mínima.
La huelga llega tras la obtención del dictamen de mayoría en comisiones y en la víspera de una sesión que el oficialismo confía en habilitar con quórum. La CGT sostuvo que la iniciativa implica un retroceso de derechos, mientras el Gobierno argumenta que busca “modernizar” el marco laboral y favorecer la contratación formal. En un mensaje difundido por la central, resumió su rechazo con la consigna: “No es modernización, es precarización”.
Según el texto debatido públicamente, la reforma incluye cambios en jornada y costos laborales, y endurece condiciones para la protesta al establecer servicios mínimos del 75% en áreas consideradas esenciales. El oficialismo y sus aliados ajustaron artículos cuestionados en la negociación parlamentaria, mientras bloques opositores anticiparon resistencia en el recinto.
En el plano operativo, el Gobierno advirtió que descontará el día a empleados estatales que no concurran a trabajar y desplegó un dispositivo de seguridad alrededor del Congreso ante una sesión tensa. La CGT no convocó una movilización central, aunque se esperaban protestas puntuales de organizaciones políticas y sindicales.