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Uruguay: comisión del Senado investigará contrato con Cardama tras la rescisión de patrullas oceánicas
El 28 de octubre, Orsi sostuvo además que el gobierno anterior había sido traicionado o engañado “de manera evidente” en el caso Cardama Una comisión preinvestigadora comenzará a trabajar este miércoles en la Cámara de Senadores de Uruguay para analizar el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos buques de patrulla oceánica (OPV), rescindido recientemente por el Gobierno del presidente Yamandú Orsi.
La iniciativa fue presentada este martes por el senador del oficialista Frente Amplio Sebastián Sabini, quien pidió la conformación de una comisión investigadora “con el objetivo de aclarar todos los hechos y procedimientos” vinculados al acuerdo. La Presidencia del Senado aprobó la creación de la preinvestigadora, integrada por dos legisladores del oficialismo y una representante de la oposición.
El grupo tendrá 48 horas para expedirse y recomendar si corresponde instalar una comisión investigadora formal. La preinvestigadora comenzará sus tareas el miércoles por la mañana.
El contrato fue firmado el 15 de diciembre de 2023 por el Ministerio de Defensa durante la administración del expresidente Luis Lacalle Pou. Preveía la compra a Cardama de dos OPV por US$ 92 millones. En el escrito presentado por Sabini se plantea que existieron “dificultades desde el inicio” para obtener las garantías requeridas por Defensa y que, en informes posteriores, se concluyó que hubo “incumplimientos graves” en la ejecución de la obra.
El actual gobierno había anunciado el 22 de octubre su intención de rescindir el contrato tras detectar presuntas irregularidades asociadas a las garantías del acuerdo, luego de comprobar que EuroCommerce —la firma que debía respaldar el aval— estaba en proceso de liquidación. En ese marco, Orsi afirmó que existían indicios de “una estafa o un fraude al Estado uruguayo” y el Ejecutivo presentó una denuncia ante la Justicia Penal, que luego fue ampliada.
El 28 de octubre, Orsi sostuvo además que el gobierno anterior había sido traicionado o engañado “de manera evidente” en el caso Cardama. Y el viernes 13 de febrero confirmó la rescisión, junto con el inicio de acciones para “recuperar el patrimonio” estatal y avanzar en una nueva adquisición de patrulleras.
Entre los puntos que el Parlamento busca esclarecer figuran por qué se optó por una compra directa, quién acercó a Cardama al Ministerio de Defensa tras dejarse sin efecto un procedimiento competitivo y por qué no se contrató un asesor de seguros ni se realizaron consultas al Banco Central del Uruguay sobre las garantías, de acuerdo con el planteo presentado al Senado.
