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Argentina reglamenta la “Inocencia Fiscal” para atraer los “dólares del colchón”
El incentivo clave es el llamado “efecto liberatorio”: si el contribuyente se adhiere, presenta y paga en término, ARCA no podría reabrir revisiones sobre ese período fiscal y anteriores El Gobierno argentino puso en marcha la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal y activó el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), un esquema voluntario que busca facilitar la bancarización y el uso de ahorros no declarados —incluidos los llamados “dólares del colchón”— con controles fiscales centrados en la declaración y el pago “hacia adelante”.
Según los lineamientos operativos detallados por La Nación, el RSG está dirigido a personas humanas con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones (evaluados año a año en los últimos tres ejercicios), excluyendo a los grandes contribuyentes. El organismo recaudador ARCA ofrecerá declaraciones juradas precargadas y limitará la fiscalización a ingresos y deducciones admitidas, sin analizar consumos personales o variaciones patrimoniales, salvo supuestos específicos de discrepancias relevantes.
En el esquema oficial, el incentivo clave es el llamado “efecto liberatorio”: si el contribuyente se adhiere, presenta y paga en término, ARCA no podría reabrir revisiones sobre ese período fiscal y anteriores, salvo casos de diferencia significativa u otros supuestos definidos (como facturas apócrifas). “Es una forma de tributar en la que ARCA no te va a pedir explicaciones por tu patrimonio ni por tus gastos personales”, señalaron fuentes gubernamentales citadas por La Nación.
La reglamentación también fija cómo podrán realizarse operaciones con ahorros no declarados: los fondos deberán ingresar al sistema financiero en el origen o en el destino (por ejemplo, depósito en cuenta propia o transferencia directa al vendedor). Además, eleva umbrales de información bancaria: operaciones de hasta $10 millones mensuales no generarían reportes automáticos a ARCA, según el mismo reporte.
El decreto actualiza sanciones formales, con un fuerte aumento nominal de multas (La Nación habla de una actualización del 100.000%), aunque introduce un mecanismo no automático: primero habrá recordatorios y plazos para regularizar antes de aplicar sanciones. También eleva los umbrales del Régimen Penal Tributario —evasión simple a $100 millones—, entre otros cambios.
