Rodríguez defendió la iniciativa en un comunicado oficial, describiéndola como un paso crucial hacia la “reconciliación nacional” tras años de tensiones políticas y sociales
El Parlamento venezolano debatía este 5 de febrero un proyecto de ley de amnistía con el objetivo declarado de otorgar clemencia a personas encarceladas por protestar o criticar a figuras públicas, según un borrador filtrado a la prensa.
El borrador de la amnistía, promovido por la presidenta interina Delcy Rodríguez, contempla la exoneración de condenas de quienes participaron en protestas políticas o expresaron opiniones críticas contra autoridades, siempre que no hayan cometido delitos graves como violaciones de derechos humanos o narcotráfico, indicaron fuentes que revisaron el texto.
Rodríguez defendió la iniciativa en un comunicado oficial, describiéndola como un paso crucial hacia la “reconciliación nacional” tras años de tensiones políticas y sociales en el país, que ha visto a miles de opositores detenidos desde 2014. El proyecto también plantea la devolución de activos incautados y la cancelación de órdenes de captura internacionales, incluidas notificaciones de Interpol, para facilitar el regreso seguro de exiliados.
Organizaciones de derechos humanos han reportado que desde principios de año se han liberado cientos de reclusos considerados presos políticos, aunque cifras oficiales oficiales difieren y no siempre detallan el motivo de cada liberación. Foro Penal, un grupo que monitorea detenciones, dijo que al menos 383 presos políticos habían sido excarcelados hasta principios de febrero, aunque cerca de 680 seguirían detenidos.
Familiares de presos realizaron vigilias y actos públicos para exigir avances en la implementación de la ley. En Maracaibo, en el estado Zulia, un hermano de un detenido explicó frente a una vigilia que su familiar no había tenido acceso adecuado a representación legal ni a procesos judiciales transparentes, y que esperaban que la amnistía “permita que se retiren cargos ilegales injustos”.
La propuesta se presenta en un contexto político marcado por la reciente destitución de Nicolás Maduro, quien fue extraditado a Estados Unidos en enero acusado de narcotráfico, y el diálogo fluctuante entre Caracas y Washington. En ese marco, el gobierno interino ha buscado mostrar avances en derechos civiles y una reforma política más amplia.
No obstante, analistas advierten que el texto debe ser aprobado por la actual Asamblea Nacional, dominada por la coalición oficialista, y que su aplicación práctica enfrentará retos estructurales en un sistema judicial con históricas deficiencias de transparencia. También hay inquietud entre organizaciones civiles sobre la exclusión de ciertos casos considerados de “alta gravedad”, lo que podría dejar fuera a familiares de opositores que esperan la libertad de sus seres queridos.
Rodríguez defendió la iniciativa en un comunicado oficial, describiéndola como un paso crucial hacia la “reconciliación nacional” tras años de tensiones políticas y sociales 
