El gobierno de Estados Unidos está preparando una licencia general que aliviará parcialmente las sanciones sobre el sector energético venezolano, con el objetivo de facilitar un acuerdo de suministro de petróleo de aproximadamente 2.000 millones de dólares entre Caracas y Washington, dijeron fuentes cercanas al asunto a Reuters este martes. La medida, parte de un replanteamiento estratégico de la política estadounidense hacia Venezuela, se produce tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero de 2026.
La licencia general sustituiría al sistema anterior de licencias individuales, que —según fuentes de la industria— han retenido inversiones y operaciones comerciales debido a su lentitud y alcance limitado. Empresas como Chevron, Repsol, ENI y Reliance Industries han solicitado autorizaciones especiales para operar en el país, pero los procedimientos y la acumulación de solicitudes han creado incertidumbre sobre el ritmo de recuperación de la producción petrolera venezolana.
Funcionarios estadounidenses han explicado que la licencia general permitiría exportar crudo venezolano, facilitar la reparación de infraestructura y atraer inversión extranjera sin necesidad de múltiples autorizaciones caso por caso. Según uno de los ejecutivos que solicitó anonimato, “esta licencia general podría brindar la claridad jurídica que han estado esperando los mercados para comprometer capital significativo en Venezuela”.
Tras la captura de Maduro, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha impulsado una agenda de apertura energética, buscando integrar a empresas extranjeras y compartir las ganancias de exportación bajo reglas más transparentes. Aunque la Asamblea Nacional aprobó una reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos con miras a nuevos esquemas de contratos, críticos señalaron que quedan retos importantes en materia de garantías legales y condiciones fiscales antes de que inversionistas globales se comprometan plenamente.
El cambio en la política de Washington es notable: hasta hace poco, las sanciones —y el proceso de licencias individuales— limitaron significativamente la capacidad de Venezuela para exportar crudo y generar ingresos. La nueva licencia general sería una señal política de apoyo a la transición venezolana, además de un intento por redirigir el flujo de ingresos petroleros hacia mercados internacionales abiertos y reforzar la posición de empresas estadounidenses en la región.
Organismos financieros y analistas energéticos han señalado que la producción y exportación petroleira son cruciales para la recuperación económica de Venezuela, que posee las mayores reservas de crudo probadas en el mundo. Sin embargo, la evolución política y las condiciones sobre las que se emitirá la licencia general siguen siendo temas de debate en Caracas y Washington.
