La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley con 57 votos a favor y 3 en contra que permite que las personas arrestadas en el marco de la guerra contra las pandillas del presidente Nayib Bukele sean encarceladas hasta siete años sin juicio.
La reforma a la Ley contra el Crimen Organizado se aprobó después de que Bukele declarara que las más de 90.000 personas detenidas bajo el estado de excepción en el país no serían liberadas. La mayoría absoluta del Partido Nuevas Ideas de Bukele extendió la prisión preventiva, lo que generó nuevas críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
La iniciativa obstaculiza aún más lo que el Fiscal General Rodolfo Delgado denominó un sistema judicial hipergarantista, que, según él, permitía a los jueces liberar a los detenidos precipitadamente, lo que resultaba en una puerta giratoria. También calificó la última medida como la mayor reforma en materia procesal.
No los vamos a liberar ni ahora ni nunca, declaró Bukele, quien lleva siete años en el poder, durante los cuales obligó a jubilarse a todos los jueces mayores de 60 años y nombró a 168 jueces de su elección.
Desde que se declaró el estado de emergencia en marzo de 2022, se ha prorrogado 41 veces, lo que ha provocado más de 88.000 arrestos basados en lo que algunos describen como conductas sospechosas o denuncias anónimas. Se reportan más de 6.000 detenciones arbitrarias.
Mantener a una persona en prisión preventiva durante más de cinco años es un período irracional e injustificable, declaró la organización de derechos humanos Cristosal en un comunicado.
Por otro lado, el congresista Walter Coto defendió la iniciativa del partido gobernante con gran orgullo porque trae paz y seguridad a nuestros hogares y a nuestros hijos.
Bukele también ha recibido fuertes críticas por externalizar el sistema penitenciario estadounidense al aceptar reclusos de Washington debido a su estrecha relación con el presidente Donald Trump.