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Juez prohíbe difusión pública de los audios de Karina Milei
Queda por ver si esos audios que involucran a Karina Milei se difunden a través de una emisora uruguaya Tras una denuncia del Gobierno del presidente Javier Milei, un tribunal ordenó la retirada inmediata de las grabaciones de audio atribuidas a la Secretaria Presidencial (y hermana) Karina Milei, en las que presuntamente mantiene conversaciones privadas en la Casa Rosada (palacio presidencial).
Filtrados por el canal de streaming Carnaval, estos mensajes revelarían una serie de irregularidades relacionadas con el escándalo de la Agencia Nacional de la Discapacidad (Andis), que presuntamente involucra sobornos de proveedores a altos funcionarios, en particular a ella.
Quienes difundieron los audios afirmaron que eran solo “la punta del iceberg”, insinuando que habría más revelaciones perjudiciales sobre La Libertad Avanza (LLA) antes de las elecciones parlamentarias.
El gobierno ha descrito el incidente como una “operación de inteligencia ilegal” y no una simple filtración. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, declaró que las grabaciones formaban parte de un “ataque planificado y selectivo” para influir en el poder ejecutivo. El fallo del juez Patricio Maraniello prohíbe la difusión de las grabaciones de audio en todas las plataformas de medios, incluidas las redes sociales. El tribunal determinó que las grabaciones constituyeron una “grave violación de la privacidad institucional”, a diferencia de la libertad de prensa.
Sin embargo, algunos medios uruguayos afirmaron no haber sido alcanzados por la decisión del magistrado y anunciaron que emitirían el material a través de una emisora de Montevideo, aunque muchos temen que se trate de un simple clickbait, y que el único contenido disponible son grabaciones previamente publicadas en Argentina.
En el audio filtrado, de apenas unos segundos de duración, se escucha a Karina Milei hablar sobre los conflictos internos del gobierno y las largas jornadas laborales.
Tras la decisión del juez, numerosos defensores de la libertad de prensa y opositores políticos han criticado duramente las recientes medidas del gobierno argentino, en particular la solicitud de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una orden de allanamiento contra los periodistas que difundieron estas grabaciones, a quienes acusaron de organizar una operación “clandestina”, alegando interferencia extranjera de “intereses rusos y chavistas”.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) afirmó que se trataba de un atentado contra el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes. Otros grupos, como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), calificaron la medida cautelar del juez como un acto de “censura previa”.
El periodista Jorge Rial, uno de los que divulgó los audios filtrados, afirmó sentirse amenazado por ser “peligroso” para quienes ostentan el poder.
Para mayor consternación, el juez Alejandro Patricio Maraniello, quien dictó la medida cautelar, enfrenta múltiples acusaciones graves ante el Consejo de la Magistratura, con nueve denuncias en su contra, incluidas cinco por acoso sexual y otras por malversación de fondos públicos.
En tiempos de conmoción, los porteños solían sintonizar Radio Colonia, una emisora uruguaya a la que no llegaba la censura local.
