La Corte Constitucional de Ecuador suspendió provisionalmente varios artículos de tres leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa: la Ley Orgánica de Inteligencia, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública. Estas normas habían enfrentado recursos de inconstitucionalidad por parte de diversas organizaciones y grupos de oposición, quienes argumentaban que violaban derechos fundamentales.
Estas nuevas leyes fueron aprobadas por iniciativa de Noboa tras su reelección este año hasta 2029, lo que otorgó a su partido, Acción Democrática Nacional (ADN), el control de la Asamblea Nacional (Parlamento) gracias a un acuerdo con otras fuerzas.
Las disposiciones suspendidas incluyen artículos que permitirían a los agentes de inteligencia operar bajo identidades falsas, obtener información de empresas privadas sin las regulaciones de contratación pública y utilizar tecnología de vigilancia, lo que, según los críticos, podría derivar en espionaje político y persecución de opositores políticos y periodistas. Además, se incluye un artículo que otorga a Noboa la facultad de otorgar un indulto anticipado a policías y militares procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno que declaró contra las bandas criminales a principios de 2024, así como una disposición que obliga a las cooperativas de ahorro y crédito a convertirse en sociedades anónimas.
La definición de Noboa de grupo armado organizado como cualquier grupo estructurado de tres o más personas con una estructura de poder organizada que ejerce violencia prolongada contra el Estado, la población y los bienes civiles también ha quedado en suspenso.
El fallo ha generado tensión entre los poderes ejecutivo y judicial. El gobierno y sus aliados en la Asamblea Nacional han criticado al tribunal por dejarnos indefensos ante las bandas criminales, mientras que los partidos de oposición —principalmente el correísmo— y las organizaciones de derechos humanos han elogiado la decisión, argumentando que defiende el Estado de derecho y previene posibles violaciones de derechos fundamentales.
Las suspensiones son temporales y permanecerán vigentes hasta que el tribunal emita un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de los artículos impugnados.