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Líderes mundiales expresan solidaridad con Uribe
Se espera que la sentencia contra Uribe se anuncie el viernes 1 de agosto Varios líderes de derecha expresaron este su solidaridad con el expresidente colombiano Álvaro Urive (73) tras ser condenado por soborno y fraude procesal por un tribunal de Bogotá horas atrás.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y varios congresistas estadounidenses, entre ellos los representantes de Florida María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, condenaron el fallo. Rubio afirmó que el “único delito” de Uribe “ha sido luchar incansablemente y defender su patria” y criticó la “instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales”, calificándola de “precedente preocupante”. Además, afirmaron que Uribe estaba siendo blanco de la “izquierda radical” y del gobierno del actual presidente Gustavo Petro.
“Hoy no se hizo justicia en Colombia. Se cometió una injusticia contra Álvaro Uribe, el hombre que rescató al país del terrorismo y se enfrentó a las FARC cuando nadie más se atrevió. Se le condena por negarse a negociar con criminales, por ser un obstáculo para la izquierda radical que quiere tomar el poder y convertir a Colombia en otra Venezuela”, declaró Salazar en X.
Más allá de Estados Unidos, el expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez expresó “toda mi solidaridad”, destacando el liderazgo “fundamental” de Uribe para Colombia y la región, y expresó su confianza en que “la verdad prevalecerá”.
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, también ofreció “toda mi solidaridad, confianza y cariño”, elogiando a Uribe como un “auténtico aliado de la democracia y la libertad en Venezuela”.
Los expresidentes colombianos Iván Duque y Andrés Pastrana defendieron de igual manera a Uribe, quien lo calificó de “hombre irreprochable y transparente” e instó a los organismos internacionales de derechos humanos a monitorear la situación. Aunque Uribe mantiene su inocencia, alegando “persecución política”, el veredicto abre la posibilidad de una pena de prisión, y la Fiscalía solicita nueve años (108 meses). Sin embargo, la Fiscalía General de la República ha solicitado arresto domiciliario, alegando su falta de antecedentes penales y su visibilidad pública.
