El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no pudo salir del país hacia Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima durante el fin de semana, antes de que se le impusiera una prohibición de viaje de 18 meses. Sus abogados argumentan que las autoridades migratorias no pueden actuar de oficio, considerando al político de 86 años como un riesgo de fuga.
PPK declaró que planeaba someterse a chequeos médicos y reunirse con su esposa, Nancy Lange, a quien no ha visto en siete años. La prohibición de la jueza Margarita Salcedo fue una decisión conciliatoria con la solicitud de 36 meses de la fiscalía.
El exjefe de Estado enfrenta cargos de lavado de activos agravado, fraude procesal y falsa declaración relacionados con su campaña de 2016, incluyendo acusaciones de recibir más de US$ 100,000 de una empresa vinculada al Club de la Construcción mediante pitufeo y pagos de Odebrecht a través de las sociedades proxy Westfield Capital y First Capital.
La defensa de PPK calificó la detención en el aeropuerto como un secuestro administrativo, alegando que no existía una orden judicial previa, y presentó un recurso de habeas corpus, alegando una violación constitucional.
El abogado de PPK, Juan Midolo, argumentó que ninguna orden judicial restringía el viaje de PPK a la hora a la que intentó abordar el vuelo, calificando la acción de los funcionarios de inmigración como un impedimento fáctico inconstitucional. La decisión de Salcedo se firmó al día siguiente y estará vigente hasta diciembre de 2026.
El recurso de habeas corpus busca levantar las alertas migratorias y exigir responsabilidades, afirmando que solo un juez puede restringir la libertad de tránsito.
Intentamos sentar un precedente: Migraciones no tiene la facultad constitucional de restringir la libertad de tránsito; solo un juez puede hacerlo, argumentó. Lo que solicitamos es que se levanten todas las alertas migratorias y que se determine a los responsables, explicó Midolo.
El incidente ha intensificado el escrutinio sobre la corrupción política en Perú, donde otros expresidentes como Alejandro Toledo y Ollanta Humala han enfrentado batallas legales similares. El caso ha generado un debate sobre la necesidad de equilibrar los derechos individuales con la rendición de cuentas de los altos funcionarios, con la opinión pública dividida entre considerar la medida necesaria o una persecución judicial. El resultado del caso PPK se considera un posible precedente para abordar la corrupción entre los exlíderes peruanos.