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Masacre de pingüinos en Punta Tombo: Alzada confirma condena del empresario
La propuesta de la defensa de transferir la propiedad de ciertas tierras fue rechazada Un Tribunal de Apelaciones de la ciudad de Trelew, en la provincia argentina de Chubut, confirmó esta semana la condena de Ricardo La Regina, el empresario ganadero declarado culpable de daño ambiental y crueldad animal por utilizar maquinaria pesada para abrir un camino en un área protegida, causando la muerte de 240 pingüinos magallánicos y destruyendo sus nidos en la reserva de Punta Tombo.
Su equipo legal intentó ofrecer la donación de tierras a cambio de libertad condicional, pero el tribunal la rechazó. La Regina fue condenado a tres años de prisión en suspenso y su retroexcavadora fue confiscada. Además, debe contribuir a los esfuerzos de restauración del ecosistema.
El tribunal determinó que La Regina era consciente del daño que estaba causando y le prohibió conducir vehículos de gran tamaño en ecosistemas sensibles. También se le obligó a participar en las labores de restauración ambiental en la estancia La Perla y se le ordenó no realizar ninguna construcción sin la aprobación oficial de impacto ambiental.
Grupos ambientalistas, como Greenpeace Argentina, elogiaron el fallo, calificándolo de histórico para la protección de la vida silvestre e instando a que se implementen leyes nacionales más estrictas contra estos delitos.
Los jueces Adrián Barrios, César Zaratiegui y Alejandro Defranco confirmaron por unanimidad la decisión del 20 de noviembre de 2024 de un tribunal inferior que condenó a La Regina por daño ambiental y crueldad animal tras utilizar maquinaria pesada para abrir un camino en su propiedad, afectando un área protegida y causando la muerte de 240 pingüinos de Magallanes y la destrucción de sus nidos.
El acuerdo de culpabilidad del abogado defensor Federico Ruffa fue rechazado a petición de la fiscal general Florencia Gómez, quien insistió en que La Regina “era consciente del daño que estaba causando”. El juicio puso de relieve las dificultades inherentes a los casos de delitos ambientales. La escasez de pruebas físicas, la lejanía de la zona y la complejidad de las investigaciones representaron retos considerables para la fiscalía, se argumentó.
El fallo se consideró un hito en la protección de la vida silvestre.
