El juicio contra el equipo médico de la ex leyenda del fútbol argentino Diego Maradona se aplazó este martes por siete días tras conocerse que uno de los jueces del tribunal había permitido que un equipo de documentalistas filmara las sesiones sin el consentimiento de ninguna de las partes involucradas, como los acusados, la fiscalía o los testigos.
En este contexto, se cuestionó la imparcialidad de la jueza Julieta Makintach y se inició una investigación. Makintach negó cualquier irregularidad, pero admitió que las personas no autorizadas que registraron los acontecimientos eran conocidos suyos. Incluso se ofreció a dar un paso al costado, de ser necesario.
Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 en una casa que había alquilado para su recuperación extrahospitalaria tras una neurocirugía. Los profesionales de la salud están acusados de negligencia. La fiscalía argumenta que la muerte del campeón del mundo de 1986 no habría sido inevitable si hubiera recibido la asistencia adecuada.
El presidente del Tribunal Oral en lo Penal N.º 3 de San Isidro, Maximiliano Savarino, anunció que la decisión del martes se adoptó por unanimidad para evaluar las presuntas irregularidades. Entendemos que es un plazo razonable que garantiza que el tribunal pueda resolver el asunto, expresó.
Entiendo la inquietud de todos. Estoy convencida de mi [presunta] parcialidad. Daré las explicaciones del caso. Para denunciar a un juez, hay que tener razones fundadas, declaró Makintach, quien se ofreció a apartarse si su permanencia ponía en peligro la validez del juicio. Quizás sea yo quien se haga a un lado, insistió. Necesitan las pruebas y las razones para fundamentar las acusaciones de parcialidad.
Julio Rivas, abogado del cirujano Leopoldo Luque, afirmó que Makintach autorizó indebidamente el ingreso de cámaras a la primera audiencia, que dos personas grabaron la sesión sin acreditación de prensa, lo que planteó dudas sobre la imparcialidad de la magistrada. Makintach autorizó que hubiera cámaras el primer día de la audiencia, cuando el Tribunal había prohibido el acceso de estas, subrayó Rivas, al tiempo que señaló que la jueza había actuado de forma inquisitorial hacia los testigos.
Por lo tanto, la Fiscalía solicitó la suspensión del proceso durante 10 días para investigar los presuntos vínculos entre la jueza y una productora de documentales. No hay delito, no hay documental ni contacto con productoras, y el juicio no presenta irregularidades, insistió Makintach, quien cuenta con 27 años de trayectoria en el Poder Judicial. Sin embargo, reconoció conocer a las dos personas que grabaron la primera audiencia: una amistad de la infancia y el otro, el esposo de una amiga, ambos presuntos escritores.