MercoPress. South Atlantic News Agency
Municipio fueguino exige desmantelamiento de radar financiado por capital británico
Un grupo de veteranos de guerra apoyó la moción La municipalidad de Tolhuin, en la provincia argentina de Tierra del Fuego —que técnicamente abarca las Islas Malvinas (Falkland) y los demás Territorios Británicos de Ultramar reclamados por el país sudamericano—, presentó una demanda de ejecución fiscal para desmantelar un radar instalado por la empresa británica LeoLabs en la zona, alegando violaciones a la normativa local y a la soberanía nacional.
El dispositivo fue considerado un riesgo para la seguridad debido a su potencial capacidad militar. Las autoridades locales afirman que nunca fue autorizado por la ciudad. Además, el gobierno federal canceló sus operaciones en 2023.
El alcalde de Tolhuin, Daniel Harrington, recalcó la firme postura del municipio contra los intereses extranjeros que vulneran la soberanía argentina, imponiendo multas y ordenando la demolición del radar tras el rechazo de la apelación de LeoLabs.
“Como fueguinos, no debemos permitir que intereses extranjeros violen nuestra soberanía; por eso hemos dado instrucciones para que se proceda a la ejecución judicial de las multas impuestas a esta empresa”, explicó Harrington, recordando que la Ciudad nunca otorgó ningún permiso. “El 26 de septiembre de 2023, notificamos a la empresa, después de las audiencias y todo, respetando los plazos. Cumplimos con todo el procedimiento”, añadió.
El Ayuntamiento de Río Grande y el Centro de Veteranos local [de la Guerra de 1982] han expresado su apoyo, y Río Grande ha ofrecido respaldo legal como amicus curiae.
El Subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad federal autorizó unilateralmente la instalación del radar en noviembre de 2022, manteniendo a los Ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores en la ignorancia. Al percatarse de estos avances, el Ministerio de Defensa solicitó la retirada del dispositivo.
Tras el rechazo de todas las apelaciones de la empresa, Tolhuin pasó a la fase de ejecución, durante la cual se deben ejecutar las órdenes de desmantelamiento de la estructura, según explicaron las autoridades de ambos municipios y la organización de veteranos durante una conferencia de prensa conjunta.
“Hoy mismo se inició este proceso judicial. Desde la Municipalidad de Río Grande y junto con el Centro de Veteranos de Guerra, nos presentaremos bajo la figura de amicus curiae para dar nuestra opinión, apoyo y acompañamiento a esta decisión, que tiene un claro corte judicial administrativo por parte de Daniel y la Municipalidad de Tolhuin”, declaró.
“Otras cuestiones relacionadas con responsabilidades políticas, institucionales, nacionales y provinciales, civiles y penales, no son objeto de este proceso”, añadió.
Harrington agradeció al alcalde de Río Grande, Martín Pérez, “su apoyo a esta acción legal y la disponibilidad de su equipo legal y técnico para resolver consultas sobre normativas municipales y otras cuestiones”.
La instalación del radar LeoLabs fue suspendida porque implicaba habilitar una estación terrestre de banda S, diseñada para rastrear y monitorear objetos en la órbita baja (LEO, por su sigla en inglés). Las autoridades nacionales comprendieron que el radar podría tener un uso militar para rastrear satélites u otros objetos.
