Los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina calificaron la huelga nacional del jueves como un “éxito rotundo”. Fue la tercera medida de este tipo contra el presidente Javier Milei. El secretario general adjunto de la CGT, Héctor Daer, subrayó cómo las políticas del gobierno libertario estaban provocando una caída en los ingresos de la población. En su opinión, los ajustes del Gobierno afectan principalmente a los jubilados y a los grupos vulnerables.
El líder sindical también condenó la campaña antihuelga del gobierno, comparándola con tácticas utilizadas en tiempos antidemocráticos, y rechazó las acusaciones de violencia durante incidentes con autobuses, que “no tienen nada que ver con los trabajadores ni con las organizaciones sindicales”.
“Frente a todo este panorama, el éxito de la medida de fuerza, tanto en la movilización de ayer como en la huelga, en todos los sectores industriales, transporte y servicios, sectores que impulsan fundamentalmente el proceso económico de nuestro país”, añadió.
Asimismo, Daer felicitó a “todos los trabajadores que decidieron paralizar sus actividades para demostrar, una vez más, que el movimiento sindical está llevando adelante una agenda clara y concreta para cambiar las políticas de ingresos de nuestro país”.
“No estamos en contra de la República; estamos debatiendo claramente que no puede haber una Argentina con precios libres y salarios bajos. Argentina ya es lo suficientemente desigual como para seguir profundizándola”, añadió.
Además, la CGT cuestionó la falta de transparencia en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), argumentando que este tipo de acuerdos a menudo conlleva mayores dificultades para los trabajadores.
“No hemos podido saber nada sobre el acuerdo con el Fondo, y mientras tanto, se siguen perdiendo reservas. Es una mala señal para un plan económico pedir más dinero. Cada vez que recurrimos al Fondo, terminamos ajustando a los sectores más vulnerables. Para nosotros, el Fondo nunca es la salida”, señaló Daer.
Por su parte, el gobierno desestimó la importancia de la huelga, a la que atribuyó motivaciones políticas, asociándola con dirigentes sindicales vinculados a administraciones anteriores, al tiempo que defendió sus políticas frente a las acusaciones de mala gestión económica.