La Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil emitió este viernes un dictamen en el que define las directrices para la función del cónyuge del presidente, en concreto en lo que se refiere a la primera dama Rosângela da Silva (Janja) y sus gastos.
Impulsada por la Casa Civil del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en medio de las críticas por las erogaciones de Janja, la AGU reconoce que el cónyuge puede actuar voluntariamente en interés público -representando simbólicamente al presidente en funciones sociales, culturales, ceremoniales, políticas o diplomáticas- sin remuneración ni cargo oficial.
El cónyuge del presidente, en sus actuaciones de interés público, tiene una naturaleza jurídica propia derivada del vínculo civil que mantiene con el jefe de Estado y de Gobierno. Así, el cónyuge desempeña un papel simbólico representativo de carácter social, cultural, ceremonial, político y/o diplomático en nombre del presidente, sostuvo la AGU.
Sin embargo, su actuación debe ajustarse a los principios de la administración pública (legalidad, imparcialidad, moralidad, publicidad, eficacia), y debe divulgar su agenda pública en un sitio web oficial e informar de sus gastos y desplazamientos en el Portal de la Transparencia.
El dictamen se produce tras el escrutinio de los gastos de estancia de su séquito en París y de un viaje en clase business a Roma, a pesar de que carece de un cargo oficial en el gobierno.
La AGU hace hincapié en la responsabilidad en el uso de los recursos públicos, aunque pueden aplicarse excepciones por motivos de seguridad o privacidad, con el objetivo de equilibrar el papel activo de Janja con las exigencias de transparencia, además de prever el análisis caso por caso de la posible incidencia de restricciones constitucionales o legales al acceso a la información, en situaciones en las que sea necesario salvaguardar la seguridad y/o la privacidad del cónyuge presidencial.
La semana pasada, el Gobierno canceló la participación de Janja en Nueva York en la 69ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según medios locales, la caída de popularidad de Lula -y de Janja- pesó en la decisión.