El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, solicitó esta semana el archivo de la investigación sobre el presunto fraude cometido por el expresidente Jair Bolsonaro en sus registros de vacunación contra la Covid-19. La fiscalía concluyó que no había pruebas suficientes para demostrar que Bolsonaro instruyó a su asesor, Mauro Cid, para falsificar los datos de vacunación en el sistema del Ministerio de Salud, a pesar de las afirmaciones del ex ayudante en un acuerdo de culpabilidad. Según la ley brasileña, se requieren pruebas que corroboren el testimonio de un colaborador.
La investigación se inició tras la detección de datos falsos de vacunación de Bolsonaro y su hija en diciembre de 2022, que posteriormente fueron retirados. No hay pruebas de que estos certificados falsos se utilizaran, aunque se cree que Bolsonaro los necesitaba para viajar a Estados Unidos cuando aún era un requisito de ingreso al país. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que esta semana dictaminó que Bolsonaro debe ser juzgado por el presunto intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, decidirá ahora si archiva este caso, que generó controversia dado el peso que tuvo el testimonio de Cid en los cargos por el alzamiento.
Según Gonet, no hay pruebas suficientes de que el expresidente haya solicitado a Cid que incluyera datos falsos de vacunación en el sistema del Ministerio. La ley “prohíbe la recepción de una denuncia basada 'únicamente en las declaraciones del colaborador'; por lo tanto, la jurisprudencia del Tribunal exige que la información del colaborador sea corroborada con otras pruebas para que la denuncia sea presentada”, explicó la fiscalía.
El 21 de diciembre de 2022, la investigación concluyó que se incluyeron datos falsos sobre la vacunación de Bolsonaro y la de su entonces hija menor de edad en los registros del Ministerio de Salud y fueron eliminados pocos días después. ”Ante la ausencia de elementos que justifiquen la imputación de responsabilidades a Jair Messias Bolsonaro y al [diputado] Gutemberg Reis de Oliveira por los delitos de inserción de datos falsos en sistemas informáticos (art. 313-A del Código Penal), propongo el cierre de la investigación en relación con estos dos investigados”, argumentó Gonet.
Otros imputados por la Policía Federal (PF), como Cid y su esposa, Gabriela Cid, serán investigados por un tribunal inferior, ya que ninguno de ellos habilita la competencia originaria del STF.